¿Qué es el acuerdo de Escazú?

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional de América Latina y el Caribe que pone en el centro la relación entre derechos humanos y medio ambiente a través de los derechos de acceso a la información, participación y justicia.

 

Su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados.

Tiene como antecedente el principio 10 de la Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, que busca garantizar el derecho a un medio ambiente sano a través de procesos transparentes en la toma de decisiones en materia ambiental. 

Los tres momentos clave de este acuerdo han sido su firma, su entrada en vigor y su primera Conferencia de las partes. El 4 de marzo de 2018 se firma en la municipalidad de Escazú, San José, Costa Rica. El 22 de abril de 2021 entra en vigor coincidiendo con el “Día Internacional de la Madre Tierra”. Desde el 20 al 22 de abril de 2022 se llevará a cabo su primera Conferencia de las Partes (COP 01) para analizar los mecanismos a seguir para garantizar su plena implementación en Chile.

El Acuerdo fue firmado por 24 países de la región, sin embargo hasta el día de hoy solo 12 de ellos lo han ratificado: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay. Otros países como Costa Rica, Colombia y Perú están en proceso de ratificación. Todos los países de la región de Latinoamérica y el Caribe pueden adherirse y asumir sus compromisos.

¿Cuáles son los compromisos del Acuerdo de Escazú?

1.Garantizar a todas las personas el derecho a vivir en un ambiente sano. 
2. Velar porque los derechos en asuntos ambientales sean ejercidos libremente. 
3. Tomar las medidas para facilitar la información ambiental, para que todos y todas comprendan la importancia de sus derechos de acceso.
4. Asegurar que el público, sobre todo las personas en condiciones de vulnerabilidad como las personas jóvenes, puedan ejercer sus derechos de acceso.
5. Dar protección y reconocimiento a las personas y organizaciones que protejan el ambiente.
6. Alentar el uso de tecnologías de la información y comunicación para implementar el Acuerdo.
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