Un Acuerdo Verde para América Latina

El panel estuvo integrado por Amelia Arreguín, coordinadora de Eco Maxei Querétaro A.C., Jeannette Sánchez, directora de la División de Recursos Naturales en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Roberto Kreimerman, exministro de Industria, Energía y Minería de Uruguay.

Desafíos y oportunidades para un pacto de reactivación sostenible

En su intervención, Jeannette Sánchez especificó que desde 2019 existe un desempeño negativo de América Latina en el contexto del comercio internacional derivado de los diversos problemas estructurales que ha tenido la región, agravados con la llegada del COVID-19.

Detalla que, a partir de la subordinación con respecto a las economías dominantes en el mundo, en los últimos años América Latina ha presentado una caída en su productividad relativa respecto a Estados Unidos; productividad interna con mayor heterogeneidad que la Unión Europea y un crecimiento en la exportación de materias primas hacia países más industrializados, particularmente China.

Aunque desde inicios del milenio las exportaciones de biomasa y minerales le otorgaron participación en el total del comercio exterior, en 2015 la región se convirtió en importadora de combustibles fósiles, “perdiendo así la relativa autarquía existente en términos de energías fósiles”.

Como consecuencia, el valor del capital natural ha disminuido por cederlo al resto del mundo, particularmente a los países desarrollados. 

Dos indicadores más a tomar en consideración, por su impacto en el calentamiento global, son el aumento en la tasa de gases de efecto invernadero, aunque la región aporte menos emisiones que los países industrializados, y el liderazgo del petróleo y gas en la matriz de energía primaria regional, a pesar del impulso brindado a las energías renovables en las últimas décadas.

¿Cómo enfrentar la crisis multidimensional, mientras aumenta la desocupación, la pobreza, y se hace necesario generar recursos para mayor protección social?

De acuerdo a la CEPAL, el colapso económico derivado de la pandemia ha provocado una caída del PIB en la región estimada en 9.1 % y un incremento en la desigualdad entre 1 y 6 puntos para 2020.

La especialista detalla que la emergencia sanitaria y social requiere de una arquitectura mínima que priorice los sectores de salud, infraestructura verde, energías renovables, derecho al agua y movilidad, así como de mayor empleo y menor huella ambiental, construyendo una política que fomente la igualdad para el control de la pandemia y avance con rumbo a una recuperación económica sostenible.

Precisa que el financiamiento a nivel internacional es esencial para enfrentar los problemas a través del Green New Deal y agrega que las políticas sectoriales no pueden ser cheques en blanco, “pues los gobiernos vienen condicionados a resultados en términos de empleo y sostenibilidad ambiental”.

Finalmente, puntualiza que, de manera interna, la región requiere de acuerdos distributivos que limiten la cultura del privilegio financiero y se tomen decisiones orientadas a coordinar políticas fiscales, financieras, comerciales, monetarias, sociales y ambientales para mitigar la pandemia y apoyar una reactivación resiliente.

Política industrial sostenible en América Latina

De acuerdo a Roberto Kreimerman, la economía latinoamericana ha experimentado profundos cambios orientados hacia un sistema de producción industrial, agrícola y de servicios globalizado que se ha consolidado a través de cadenas de valor que fragmentan los procesos productivos mediante inversiones extranjeras, subcontrataciones y la búsqueda de la mano de obra más barata y los recursos naturales más abundantes.

Liderado por empresas transnacionales, este nuevo sistema productivo ha expandido sus actividades en nuevos mercados, incrementado las prácticas extractivas en la región, causando así graves problemas socioambientales, mientras los gobiernos han sido afines a la apertura económica, a la liberalización financiera y a los beneficios impositivos como forma de atraer a los eslabones de las compañías trasnacionales.

Detalla que, en materia de subdivisión internacional de trabajo, América Latina pasó de ser una región industrializada, y proveedora de materias primas, a comercializar insumos intermedios, mediante la especialización en distintos rubros, desde la manufactura simple hasta el dominio tecnológico, lo cual ha tenido un impacto negativo. 

Cuando llegó la pandemia por COVID-19, la región se encontraba en un periodo de ajuste tras el superciclo de los commodities, fomentado por el cambio en el sistema de producción global, liderado por China, quien desde las últimas décadas del siglo XX se convirtió en proveedor de material barato, disminuyendo el costo de vida de los trabajadores en los países desarrollados y aumentando las ganancias extraídas por las empresas en esos países.

¿Cómo saldremos de esta pandemia?

Para Kreimerman, la alternativa en la región es a través de un paradigma ecológico, autónomo y liberador que pueda hacerle frente a las grandes compañías, quienes buscarán profundizar aún más en las desigualdades y aprovecharán la aceleración de las tecnologías de la información, “practicando en América Latina un extractivismo quizás más fuerte que el que se ha visto últimamente”.

Plantea también una transformación con una oportunidad para la industrialización a través de una matriz productiva diversificada, no concentrada en pocos productos con alto encadenamiento, y con localizaciones complementarias entre los distintos países de la región, a fin de lograr economías de escala y especialización.

Para otorgar competitividad regional, propone dirigir las industrias tradicionales hacia sectores medios y altos, construyendo capacidades en tecnología ambiental, madurando los servicios orientados a la industria y aumentando la capacidad de investigación.

Destaca que el cambio fundamentalmente tiene que estar dado por una política industrial conducida por un Estado transformado, “pero actualmente los gobiernos no están realizando los ajustes desde la política industrial, pieza fundamental para direccionar las acciones hacia una transformación”.

La transformación industrial de América Latina requiere fortalecer y profundizar la integración entre sus países, fomentando la investigación y desarrollo para aplicar criterios científicos; con propuestas de leyes y regulaciones que garanticen bienestar en la región y eliminen beneficios fiscales hacia el tipo actual de producción.

Agrega que es importante visibilizar la participación social como un motor para la transformación a largo plazo, y así evitar cambios economicistas sólo para salir del momento.

“Sin el poder de la gente es imposible avanzar”, pues la región atraviesa una etapa de reajuste económico que también está significando baja de los salarios reales, mayor mercantilización de los derechos humanos e intromisión de mercados en empresas públicas.

¿Qué demanda la sociedad civil en América Latina?

América Latina tiene una amplia historia de movimientos sociales en la búsqueda de la garantía de los derechos humanos con especial énfasis en la justicia de género y las reivindicaciones culturales, ecológicas y económicas. De acuerdo a Amelia Arreguín, los distintos procesos históricos en la región, que datan de hace 5 siglos, han devenido en una crisis civilizatoria caracterizada por desigualdades estructurales, aumento de pobreza y violencia, así como desigualdades de género, de clase, de etnias y de edades. 

Esta crisis civilizatoria es causada por “el sistema capitalista, patriarcal y extractivista que oprime los cuerpos de las personas, explota su trabajo, violenta y extrae los territorios y a la propia naturaleza”, ocasionando que la población se encuentre en condiciones de pobreza o pobreza extrema, con rezago educativo, niveles bajos de alimentación, desnutrición, precariedad laboral y salarios no decentes.

Dicha conflictividad socioambiental, está enmarcada por la exportación de recursos naturales que suministran de materia prima el desarrollo de economías en el contexto global, del incremento de actividades extractivas y de los procesos de desarrollo urbano, pues cerca del 70 % de las poblaciones de América Latina viven en ciudades y la tendencia es que esta cifra siga en aumento.

Si bien la región y sus poblaciones han absorbido los costos ambientales y sociales del enriquecimiento global, también hay élites dentro de ella, que se han beneficiado de estas situaciones. Aunado a ello, el crimen organizado y los grupos paramilitares, como resultado de coyunturas socioeconómicas en la región, amenazan la seguridad de las poblaciones.

Un Green New Deal con perspectiva feminista y decolonial

Frente a esta realidad, la demanda colectiva es transformar las sociedades de modelos que preponderan la economía, hacia modelos centrados en las personas, en la naturaleza y conscientes de los límites planetarios. Para enfrentar esta situación los movimientos feministas, tanto de Latinoamérica como del sur global, proponen un Nuevo Acuerdo Global Verde, decolonial y feminista, desglosado en 10 puntos: 

1. Garantizar la vida de las mujeres y niñas.

2. Establecer políticas públicas de género responsivas.

3. Erradicar el patriarcado y racismo institucionales.

4. Poner en el centro de la política pública los derechos humanos, particularmente de los pueblos indígenas y de las mujeres.

5. Transformar los patrones de producción explotadores e insostenibles.

6. Garantizar la participación de las comunidades en las decisiones públicas.

7. Reconocer el impacto global de las políticas ambientales nacionales.

8. Crear economías generativas, feministas y transformativas.

9. Fortalecer y recibir el liderazgo de las juventudes en su lucha por su presente y por las generaciones futuras.

10. Exigir a los gobiernos la firma del Acuerdo de Escazú, el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia sobre temas ambientales en América Latina y el Caribe.

La pertinencia de este Green New Deal feminista en la región resulta transversal en su implementación, desde el replanteamiento del sistema de valores en instituciones públicas, culturales, educativas e incluso religiosas, hasta el establecimiento de acciones afirmativas que no sólo se encarguen de anotar “género” o “mujeres” en el diseño de políticas públicas.

Pues la realidad es avasallante, la tasa de feminicidios por ejemplo en México, estima que cada hora se violenta y se asesina a más de 7 mujeres.

Para efectuar este cambio, la especialista insta a “transitar hacia democracias participativas con gobernanzas compartidas en donde se fortalezca la ciudadanía de las personas y nosotras, como personas, participemos efectivamente en esa toma de decisiones. Que el poder esté en la gente; no sobre ni contra la gente”.

Sobre el cómo efectuarlo, considera esencial fortalecer la ciudadanía de grupos vulnerables, considerando sus prioridades y necesidades, no desde la perspectiva de grupos de poder sino a través de una socialización directa sobre los espacios de participación y las formas en las que se puede incidir en la política de sus municipios, de sus provincias y de sus países.

Por otro lado, destaca el tema de la incidencia por parte de las juventudes afirmando que, si bien es extensa en los niveles local, comunitario, internacional, de políticas públicas y ambientalismo, los espacios han sigo generados por las propias juventudes. “Los derechos no son algo que las instituciones den amablemente, sino son espacios que la sociedad civil y que los movimientos sociales han ganado”, detalla.

Agrega que, a pesar de ello, todavía hay muchas brechas que romper, pues aún falta aperturar mayores espacios en donde la participación de la juventud no se encuentre condicionada por cuestiones de accesibilidad de una élite con acceso a internet o a los idiomas hegemónicos, para realizar dicha incidencia.

Para la nueva realidad que se está construyendo en la región, invita a que todos los sectores de la sociedad, tanto la sociedad civil, los partidos políticos, las y los funcionarios públicos, la industria y sector privado, tengan presente la pertinencia de pensar nuevos modos de existir, producir y consumir, desafiando la dinámica económica, comercial y financiera vigente, promoviendo la resiliencia ecológica y buscando la restauración de la biodiversidad.

Frente a un horizonte trazado por la posibilidad de una sexta extinción masiva, Arreguín conmina a construir nuevas sociedades, lejos de las economías extractivas discriminatorias militares y racistas. que han erosionado y extinguido la vida.

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