Puentes hacia la Justicia Ambiental a través del Acuerdo de Escazú: transición energética, cambio climático y biodiversidad

Puentes hacia la Justicia Ambiental a través del Acuerdo de Escazú: transición energética, cambio climático y biodiversidad

Participan

Mariana Blanco, FES Transformación
Carlos Ham, Centro de Colaboración Cívica
Abigail Castellanos, Artículo 19
Martha Elba Baeza, ENGENERA
Daniel Martín, Wildlands Network/ NOSSA

Mira aquí la transmisión

En el marco de la COP4 del Acuerdo de Escazú en Nassau, Bahamas, FES Transformación y organizaciones aliadas llevaron a cabo el Evento Paralelo Oficial "Puentes hacia la Justicia Ambiental: Transición energética, Cambio Climático y Biodiversidad” para poner al centro las experiencias de la sociedad civil frente a la implementación del Acuerdo de Escazú en México a partir de estas agendas ambientales.

Este espacio sirvió también para dar a conocer la publicación con el mismo nombre del evento, en la que se analizan los escenarios actuales para incorporar este tratado en la vida pública de México a partir de los cambios normativos recientes en materia de acceso a la información ambiental, la apertura a nuevas fuentes de energía, la búsqueda de justicia ambiental dentro de los procesos de adaptación, mitigación y desplazamiento climático, la gobernanza de Áreas Naturales Protegidas y la participación comunitaria.

Esta publicación realizada a partir de una serie de encuentros y talleres durante 2025, también emite una serie de recomendaciones sobre cómo trasladar estas experiencias hacia políticas públicas concretas. 

Al respecto Carlos Ham del Centro de Colaboración Cívica, especifica que, si bien se identificaron avances también hay “brechas estructurales que requieren incidencia política, fortalecimiento institucional y apropiación social del Acuerdo”.

Sin información accesible, los derechos en los territorios son imposibles de defender 

Abigail Castellanos de Artículo 19 analizó la Ley General de Transparencia y su impacto en materia de acceso a la información ambiental a un 1 año de su reforma.

Explica que, si bien la justificación de esta reforma fue fortalecer el ejercicio del derecho humano a la información, en la práctica hay “un retroceso, está siendo obstaculizado y se están viendo barreras para la población que busca datos para el ejercicio de otros derechos.

Sobre los principales obstáculos detalla que se observa una desactualización sistemática de la Plataforma Nacional de Transparencia a través de la inexistencia de la información, además del uso constante de causales de reserva por motivos de seguridad cuando se trata de comunidades y personas que solicitan manifestaciones de impacto ambiental ante megaproyectos como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico.

Ante este escenario la ciudadanía se ve obligada a recurrir a juicios de amparo y que requieren de un conocimiento técnico y legal que las comunidades no suelen tener, por lo que este acceso a un derecho humano se convierte en un proceso costoso y lento.

Esto ha ocasionado una pérdida de autonomía, fracturando el sistema de transparencia, debilitando el órgano autónomo y dejando al Estado como "juez y parte" a través de instancias administrativas dependientes del Ejecutivo.

Castellanos concluyó que pues no puede haber participación real ni justicia ambiental si los datos llegan cuando el daño ya es irreversible.

Quienes menos contribuyen a la crisis climática son quienes más padecen sus efectos 

Marta Baeza de Engenera aportó una perspectiva interseccional, vinculando la crisis socioecológica con las desigualdades que generan los sistemas de opresión social a través del colonialismo, el patriarcado y el neoliberalismo. 

Como resultado, estos sistemas no sólo están traspasando los límites planetarios, a partir del cambio climático y pérdida de biodiversidad, sino que también están “afectando de las condiciones de vida, generando desigualdades estructurales y económicas, migraciones socioambientales y conflictos territoriales”, detalla Baeza.

Esta relación de poder que se ejerce desde la hegemonía del norte hacia el sur global, del centro a las periferias, está generando vulnerabilidad diferenciada afectando principalmente a mujeres, infancias y comunidades indígenas. 

El 80% de los refugiados climáticos en el mundo son mujeres, quienes junto las infancias, tienen 14 veces más probabilidades de morir en un desastre climático debido a brechas de género.

Por su parte el trabajo doméstico y de cuidados no visibilizado representa el 24.2% del PIB en México. (INEGI 2025). Las mujeres rurales casi triplican el trabajo por varones ya que ellas trabajan un promedio de 48.55 horas semanales, mientras que ellos 19.7 horas.

Esta carga de tiempo impide que las mujeres participen en asambleas y procesos de toma de decisiones ambientales.

En América Latina solamente 30% de mujeres posee tierras agrícolas, en México 27% de las mujeres poseen la titularidad de la tierra, y apenas el 8% ocupan cargos de liderazgo en asambleas ejidales o comunales. 

“Y eso les imposibilita tener una voz que les permita decidir acerca de estos bienes o recursos”.

Frente a este escenario Baeza destacó que las mujeres en los territorios son agentes de cambio y resistencia, y que la justicia climática solo será posible si se garantiza su acceso a la tierra y a la información.

Sobre este último punto, Baeza también señala se debe considerar brindar información de manera adecuada, con pertinencia cultural, en lenguas indígenas, evitando el lenguaje excesivamente técnico y considerando la brecha digital presente en la tendencia de tecnologizar los procedimientos de acceso a la misma.

Presupuesto federal: abandono de la gobernanza ambiental 

Daniel Martín de Wildlands Network, explicó que, en los últimos años, México ha tenido el presupuesto más bajo para protección ambiental.

De acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (Semarnat) recibió un recorte de 4.3%, la Comisión Nacional de Agua (Conagua) de 4.5% y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de 4.8%.

Lo anterior representa un debilitamiento para garantizar el derecho constitucional a un medio ambiente sano y refleja una clara dificultad para dar cumplimiento al Acuerdo de Escazú.

Tras una lucha de diversas organizaciones por visibilizar la gravedad de este escenario, se reasignaron 500 millones de pesos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), órgano administrativo desconcentrado de la Semarnat.

Si bien esto representa un avance, Daniel Martín asegura que no se garantiza la operación mínima de la Conanp ni se asegura la implementación de Escazú, “los estándares para el acceso a la información participación y justicia no están cubiertos con esta reasignación”, destaca. 

Actualmente, el presupuesto en México promedio para cuidar las Áreas Naturales Protegidas es de apenas 15 pesos por hectárea, lo cual es insuficiente para una operación mínima.

Existen 677 personas realizando labores de guardaparques, aunque esta figura no está plenamente reconocida, para cubrir 938,000 km². Mientras el estándar ideal es 1 guardaparque por cada 26 km²; en México cada uno debe vigilar en promedio 1,385 km².

Por su parte la opacidad financiera se refleja en el cobro de derechos por entrar a áreas protegidas, ya que no regresa directamente a la conservación de esos sitios, sino que llega a la Secretaría de Hacienda y su redistribución es difícil de rastrear.

Lo anterior deja ver el debilitamiento institucional para el cuidado de la biodiversidad que recibe el 0.2% del presupuesto nacional, mientras megaproyectos de infraestructura reciben montos 30 veces superiores.

Martín concluyó que la implementación plena del Acuerdo de Escazú exige un presupuesto acorde. Sin recursos para capacitar jueces, generar información o tener personal en campo, el acuerdo se queda en "buenas intenciones" sobre el papel.

El evento cerró con reflexiones sobre los próximos pasos a seguir para continuar articulando las agendas para una adecuada implementación.

Asegurar financiamiento público para permitir a las instituciones ambientales cumplir con sus mandatos de justicia y conservación, y transversalizar la perspectiva de género para eliminar las brechas de participación de las mujeres, fueron algunas conclusiones.

Las y los participantes coincidieron en que el Acuerdo de Escazú es un "movimiento" que se construye desde la base, mediante el intercambio de conocimientos y la vigilancia constante de la sociedad civil frente a los retrocesos normativos y presupuestarios.