Disputa por la nueva normalidad: la urgencia de pactos ecosociales en América Latina

Por: Álvaro Cálix

Los sistemas de salud en casi todos los países han mostrado los efectos de la desfinanciación pública, mientras que los millones de empleos perdidos, pequeñas y medianas empresas cerradas dan cuenta de la fragilidad de las condiciones laborales y de los medios de vida de la mayoría de la población. Sería sensato aprovechar la coyuntura para repensar el desarrollo. Al menos tres lecciones deberían sacarse de lo ocurrido en 2020: el crecimiento no lo es todo, la naturaleza no debe subordinarse a los intereses del capital y los bienes públicos son esenciales para la humanidad, en especial en tiempos de crisis.

Coincidiremos en que en que no se puede volver a la vieja normalidad. Después de eventos disruptivos, el retorno al pasado además de indeseable es sobre todo inviable. Habrá por lo tanto una disputa por el futuro poscovid-19. Algunas propuestas buscarán adaptar el sistema-mundo a las nuevas circunstancias, pero manteniendo el statu quo que concentra la riqueza. Otros justificarán aumentar el control de los estados sobre la ciudadanía, en nombre del orden y el bien común. Los dos caminos anteriores distan de ser opciones que beneficiarían a la gente. Por eso es importante promover iniciativas que abanderen un pacto social y ecológico.

Desde 2019, la Unión Europea ha lanzado la iniciativa de un Green Deal para impulsar la descarbonización, la economía circular, la protección y promoción del empleo digno y la defensa de servicios públicos con carácter universal.  Se trata de un paso que puede sentar precedentes y estimular a otras regiones a pensar mejor el tipo de proyecto de futuro que convendría para salir de la crisis. Sin perjuicio de reconocer las fisuras y sesgos que presenta en este momento la Unión Europea, es el ejemplo regional más avanzado de creación normativa e institucional para afrontar desafíos comunes.

Por su parte América Latina vive momentos bajos en sus órganos de integración. Prueba de ello es que durante la actual emergencia la colaboración entre países ha sido ínfima. En el afán de resolver las tensiones sociales que la pandemia ha exacerbado, los países solo están viendo su propio ombligo. Y cuando surgen acciones en el plano interestatal las mismas están muy polarizadas por las diferencias políticas entre gobiernos. Lo paradójico es que hoy más que nunca la región necesita una acción coordinada para afrontar a lo interno los desafíos comunes, así como para fortalecer su voz en las arenas donde se deciden las políticas que marcan el paso de la globalización.

América Latina es la región más desigual del planeta y su sesgo extractivista está destruyendo a ritmo acelerado la integridad de los ecosistemas. Varios de sus países están entre los más vulnerables a los efectos del cambio climático. Estos rasgos tienen lugar en un entorno institucional frágil, tanto en la capacidad de incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones, como en la capacidad para llevar adelante políticas de transformación de largo plazo.

Los problemas que enfrenta el continente ameritan ser asumidos desde la acción conjunta de los Estados. Un pacto verde sería una buena oportunidad para buscar puntos de acuerdo, para trazar una hoja de ruta que conduzca a una economía sometida a los límites ambientales, comprometida con el empleo digno y con la financiación de servicios públicos de calidad. 

Un pacto verde que impulse una transformación profunda requiere sin excusas que integre las dimensiones económicas, sociales y ambientales. Ninguna se tendría que quedar afuera porque de lo contrario los alcances quedarían mutilados. Esto plantea mayores dificultades, dados los intereses en pugna entre las tres dimensiones. Por eso es importante construir una visión que ponga en limpio los riesgos de no adoptarse una política de transformación. De igual forma se tendría que identificar los dilemas y encrucijadas para avanzar en el pacto, así como bosquejar los compromisos y beneficios potenciales para los distintos actores sociales. Si se avanza en esas precondiciones, aumentan las chances de impulsar un pacto verde que, en nuestra región, convendría mejor llamarlo un pacto ecosocial, construido a partir de las necesidades y visiones de los territorios inmediatos. De cualquier manera, es importante no dejar de lado la oportuna mediación del Estado nacional para equilibrar el interés general respecto a los intereses particulares o locales. Una vez planteadas sobre la mesa las visiones y proyectos de futuro, entra en escena la cooperación interestatal para acompañar y fortalecer la gestión de los desafíos.

Además de llegar a acuerdos entre diferentes intereses societales, otro gran reto es la financiación de los ejes de los pactos. Para ello se tendría que revisar a fondo la fiscalidad, al tiempo que se impulsa una sólida y sensible banca del desarrollo orientada por objetivos de eficiencia económica, inclusión social y regeneración de los ecosistemas. Es crucial que la propuesta se desmarque de una mera mercantilización de la naturaleza en nombre de una supuesta economía verde. Ese es un riesgo que hay que considerar y superar. Por otra parte, en los primeros impulsos del pacto ecosocial, la cooperación internacional podría jugar un rol preponderante para apoyar y alinear los préstamos, inversiones y donaciones a los objetivos de transformación. Y último, pero no menos importante, se requiere consolidar las instituciones encargadas de echar a andar las políticas de cambio. Todo esto puede parecer utópico en una región como Latinoamérica, pero lo cierto es que si no se comienza a andar en esa dirección los impactos ambientales y sociales del curso actual provocarán daños irreversibles, que fragmentarían la posibilidad de una cohesión social democrática con equilibrios ecosistémicos que den bienestar a los casi 650 millones de latinoamericanos.

Álvaro Cálix es escritor e investigador social. Actualmente forma parte del equipo de trabajo del Proyecto Transformación Social-Ecológica en América Latina de la Friedrich-Ebert-Stiftung. Es miembro del Consejo Consultivo del Informe Estado de la Región en Centroamérica, elaborado por el Programa Estado de la Nación, de Costa Rica. Doctor en Ciencias Sociales, con orientación en la gestión del desarrollo, por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fue coordinador del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano en Honduras en 2004, auspiciado por el pnud. Ha publicado diversos artículos, libros de análisis político y narraciones literarias en América Latina.