Justicia ambiental y gobernanza hídrica en México

A lo largo del territorio mexicano, 105 mantos acuíferos están sobreexplotados; del agua extraída, casi 90% se destina a labores agropecuarias, industriales y energéticas.

Para conocer el horizonte del acceso y gestión del agua, agravado por las actividades extractivas y los efectos de la crisis climática, el proyecto regional Transformación Social Ecológica de la Fundación Friedrich Ebert, llevó a cabo la última edición de la serie Diálogos por la Transformación.

Con el título Justicia ambiental y acceso al agua, el pasado 3 de septiembre se abordaron los desafíos de seguridad hídrica a partir de las experiencias de: Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Pacheco-Vega, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y Enrique Enciso y Atahualpa Sofía Alejandra de Un Salto de vida A.C., organización ciudadana movilizada por la crisis socioambiental y los impactos a la salud derivados de la contaminación del río Santiago en Jalisco. La moderación del seminario web estuvo a cargo de Mariel Navarro.

La dislocación entre la conservación y la vida cotidiana

En su intervención, Luis Zambrano destacó que además de la energía y los alimentos, el agua es uno de los tres puntos vitales para la sobrevivencia de un ser humano, una civilización o una cultura. Actualmente, los eventos extremos ocasionados por el cambio climático y los efectos del antropoceno, implican repensar estrategias de sostenibilidad y resiliencia, específicamente en un territorio como la Ciudad de México (CDMX), donde las inundaciones y la escasez de agua se convierten en una paradoja constante.

Por otro lado, destacó la ausencia de rendición de cuentas de parte de los responsables del deterioro ambiental y la falta de voluntad política, ejemplificándolo con la contaminación en el río Sonora y el detrimento en la salud de las comunidades aledañas así como la destrucción del ecosistema, resultado de las actividades mineras de Grupo México; la extracción de agua fósil en Cuatro Ciénegas en el desierto de Chihuahua, y la destrucción de casi 15% de la zona norte del humedal en Xochimilco, por la construcción de un puente vehicular.

A pesar de que la conservación y el entendimiento del ciclo del agua, son temas esenciales de los discursos políticos, la realidad en la vida cotidiana es muy distinta, pues existe un convencimiento de que la infraestructura es la pieza fundamental para resolver los conflictos, dejando de lado la naturaleza y su conservación.

Destacó también la pertinencia de trabajar con la naturaleza para la sostenibilidad y para la resiliencia de la civilización, “si trabajamos la infraestructura contra la naturaleza, entonces vamos a tener grandes problemas en el largo plazo”. Agregando también que la infraestructura se ha convertido en un indicador para ubicar un país desarrollado o subdesarrollado, o si hay crecimiento en el Producto Interno Bruto.

Si bien en México existen grandes ingenieros que resuelven problemáticas inmediatas, también generan conflictos más grandes en el largo plazo, como el caso de la obra de drenaje profundo Túnel Emisor Oriente, que tiene su antecedente en el tajo de Nochistongo, construido desde 1608, para erradicar la vocación hídrica de la CDMX, que en términos técnicos son obras de primer nivel, pero también generan problemas gigantescos en una ciudad que enfrenta una profunda crisis hídrica.

Sobre la dislocación entre la naturaleza y la vida cotidiana, ubicó un sesgo en la perspectiva del líder del ejecutivo mexicano Andrés Manuel López Obrador que en su segundo informe de gobierno remarcó la estrategia del programa Sembrando vida, la cual plantea sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables para 2020. Zambrano destaca que éstos no son necesariamente los indicados para adaptarse a las condiciones de los territorios.

“La naturaleza es un ecosistema y un sistema complejo. La dinámica del sistema complejo no se detiene. Cuando nosotros afectamos ese sistema, probablemente va a responder en contra nuestra, porque los sistemas funcionan así”, precisó.

Como una alternativa ante la dimensión de los conflictos hídricos, la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas ha integrado a ciudadanos, comunidades y académicos para erradicar el manejo del agua cooptado en México por grupos políticos y grupos de interés que transgreden los derechos humanos y contaminan acuíferos, ríos y lagos.

Tras 10 años de trabajo en los 32 estados de México, recientemente se ha generado una buena incidencia para modificar una ley a favor de la naturaleza, para así beneficiar a los ciudadanos, especialmente a la población más vulnerable, que es quien se beneficia más de los servicios ecosistémicos.

El derecho humano al agua e inseguridad hídrica como parte de los desafíos de la gobernanza en México

México ocupa el primer lugar en consumo de agua embotellada en el mundo. De acuerdo al Dr. Raúl Pacheco-Vega, lo anterior se encuentra justificado en un régimen regulatorio débil donde el gobierno no ha podido garantizar la infraestructura para el consumo de agua de llave y saneamiento para captación pluvial, aunado a un contexto global donde instituciones internacionales, como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, fomentan mecanismos privatizadores.

En su presentación, detalla que la inseguridad hídrica se refiere al incremento de una percepción de la falta de acceso al agua. En México, hasta el 40 % de las personas en situación de pobreza tienen un porcentaje alto de inseguridad hídrica y, aunque tengan acceso, en muchas ocasiones es de muy mala calidad.

Ubica que en México existen 4 aspectos estructurales para que la utilización de agua embotellada se considere un vehículo para validar el derecho humano al agua:

1. La colusión gubernamental, pues durante el mandato del presidente Vicente Fox (2000 a 2006) se incrementó el consumo de agua embotellada por una correlación directa con su cargo anterior: director en la empresa multinacional FEMSA, embotelladora de bebidas azucaradas y agua.

2. La falta de diseño e infraestructura de los organismos operadores para proveer agua de calidad para el consumo directo en los hogares.

3. Ausencia de comisiones estatales de agua con mayor jurisdicción para brindar accesibilidad al líquido vital.

4. Información poco confiable, pues predomina desconfianza social para beber agua directamente de la llave.

Sobre éste último punto destaca que “es importante recordar que no tenemos información confiable y tenemos una serie de mercadotecnia que promueven el agua sana y ligera, cuando el agua, tiene el mismo peso en cualquier parte”.

A manera de cronología, comparte que el agua embotellada existe en el mundo desde el siglo XVIII, pero emerge fuertemente en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX, a partir de la década de los 80. En México, se incrementó su consumo tras el terremoto de 1985, ya que anteriormente podía beberse agua de la llave, hervida o directo de la tubería, pero después del sismo de ese 19 de septiembre, la infraestructura del agua en la CDMX quedó destruida.

Agrega que en la década de los 90, con la epidemia de cólera en el país, el gobierno federal recomendó a los ciudadanos tomar agua segura de fuentes privadas, lo que también se tradujo en un incremento del consumo de agua embotellada.

En 2011, México se convierte en el mayor consumidor de refresco de cola embotellado y en 2014, en el mayor consumidor de agua embotellada, superando incluso a países que tienen una tradición de agua embotellada, como Francia e Italia.

Para mitigar el crecimiento exponencial de agua embotellada de los últimos 20 años en México, sugiere que es necesario rediseñar las políticas hídricas nacionales, reconfigurar sistemas de información del agua, fortalecer organismos operadores y mantener una planeación urbana integral participativa y colaborativa para el manejo integrado de recursos hídricos.

Además agrega que la instalación de bebederos en el espacio público, la implementación de rellenados de agua, el cambio de patrones en el comportamiento individual y colectivo para eliminar el estereotipo contra la gestión de agua de llave, son también alternativas para el cambio.

Concluye que es necesario encontrar acuerdos políticos que puedan vencer la inercia de las industrias que sigue contaminando, escuchando la voz de las comunidades.

El río Santiago, condenado a muerte por unos cuantos

Enrique Enciso, habitante del municipio de El Salto y representante del colectivo Un Salto de Vida, especifica que el deterioro del río Santiago en Jalisco es un proceso de desmantelación que comenzó hace más de un siglo, para aprovechar la cuenca hidrológica Lerma-Chapala-Santiago, como un corredor industrial.

El río Lerma, que da originen a esta cuenca, emerge en el estado de México; después de recorrer 700 kilómetros y de verter sus aguas en la laguna de Yuriria en Guanajuato y en el lago de Chapala, ya en Jalisco, desemboca en el océano Pacífico a través del río Santiago.

Explica que el río Santiago, “también llamado en lengua náhuatl Chiconapam o Chiconahuapam que en español significa «potencia de 9 ríos», solía ser un río denso y maravilloso, pero a través del tiempo se fue deteriorando”.

Al finalizar el siglo XIX, la construcción de una presa y una hidroeléctrica para aprovechar la fuerza de la caída del agua, comenzaron a ser los primeros indicios de la comercialización de la energía hídrica. Durante el siglo XX los procesos de industrialización en la región se agudizaron tanto que 1964 se declaró el municipio vecino de Ocotlán como zona industrial, simbolizando así el inicio para el fin de este río, “condenado a muerte por unos cuantos”.

Las descargas industriales enviadas a este río, acabaron con la biodiversidad del ecosistema, “dejando sólo algunos árboles frutales de los que nadie se atreve a consumir por los altos niveles de contaminación a los que han quedado expuestos”.

La salud de las y los habitantes de las comunidades aledañas también se ha ido deteriorando, ya que los pozos de abastecimiento de agua se han contaminado. Enciso explica que a pesar de que hay grandes industrias alrededor, las comunidades se encuentran en situaciones precarias. Si bien en 2013 las ganancias en el corredor industrial referían hasta 13 mil millones de dólares, eso no se traduce en bienestar para la población originaria.

Por su parte, Atahualpa Sofía Alejandra, representante del mismo colectivo, invita a reflexionar sobre la vulnerabilidad en la región. Comparte que alrededor del río Santiago, se encuentra el 2.° corredor industrial más importante del país y la tendencia es que se convierta en el número 1, pues actualmente se pretende imponer un gasoducto y una termoeléctrica, agudizándose así los problemas de contaminación que ya de por sí causan las 4 incineradoras, las 657 empresas manufactureras y el basurero al borde del río que recibe alrededor 5 mil toneladas diarias de la ciudad de Guadalajara y de la zona metropolitana.

Sobre los conflictos de urbanización en las comunidades ribereñas de El Salto y Juanacatlán, Sofía expresa que el desarrollo inmobiliario no ha brindado servicios a las comunidades, incluso especifica que la zona no cuenta con hospitales o atención de primer grado ya que, de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, no existen los suficientes derechohabientes para construirlos, además de ser un territorio demasiado controlado y vigilado, pues al límite con Tonalá, poblado vecino, se encuentra el penal de seguridad Puente Grande.

Agrega que la mala calidad del aire, agua y suelos, son reflejo del crecimiento exponencial de la devastación: “basta con echarle un vistazo a lo que sucede en El salto para ver el futuro del mundo”.

Destaca también que aunque la escasez de agua es predominante, cada año la zona se inunda con agua proveniente del drenaje de la ciudad de Guadalajara, en combinación con los desechos industriales, ocasionando intoxicaciones en la población que inclusive han derivado en decesos dentro de las comunidades.

A partir de un estudio del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en 2011, se reveló que entre el 87 y 94 % de las aguas industriales en la región incumplen con los parámetros de calidad, al encontrarse 1090 sustancias tóxicas, 400 de ellas presentes durante todo el año.

A partir de la gravedad de esos resultados, el colectivo Un Salto de Vida, solicitó realizar otro estudio, en este caso, para conocer el estado de salud y reconocer las afectaciones directas en 5 poblados, especialmente los riesgos para las niñas y los niños. Tras realizarse muestras en 330 niños y 300 adultos, lo resultados arrojaron la presencia de plomo, arsénico y cadmio en la sangre de la población.

Debido a las implicaciones, las autoridades decidieron ocultar el estudio por 10 años, sin embargo esa información recientemente se reveló a una población que durante ese periodo de tiempo, ya ha enfermado de cáncer, insuficiencia renal e incluso tumores, presentes también en sus generaciones más jóvenes.

Con ese adverso contexto el colectivo se mantiene como una organización social independiente que representa la voz de su comunidad a través de un ejercicio pleno de la defensa por el territorio y el ambiente. El colectivo también busca compartir su experiencia con otras resistencias sociales, como en el caso del Tren Maya, cuyo corredor garantiza generar empleos, pero en la práctica éstos no son para beneficio de la población local.

La búsqueda de mejorar su entorno, les ha permitido gestionar distintas acciones como el acceso a tecnología de filtros de agua para los hogares, que si bien purifica algunas sustancias, no las libera de arsénico. Por otro lado, también han logrado generar un humedal para mejorar la calidad del agua para la siembra en 1600 hectáreas, mediante la vinculación con ejidatarios y campesinos.

Otros de sus objetivos son impedir que los desarrollos inmobiliarios continúen creciendo sobre las reservas, así como la construcción de más presas para tratar el agua que emana del entorno más urbanizado; además de realizar denuncias y visibilizar los conflictos incluso desde el ámbito internacional.

“Nosotros estamos vigilantes de las decisiones que se toman sobre nuestro territorio, actualmente estamos exigiendo que se declare emergencia ambiental y sanitaria para que se puedan frenar los megaproyectos que afectarán a la población (la termoeléctrica, el gasoducto) y que se brinde atención a los enfermos de manera inmediata”, puntualiza Atahualpa Sofía.

Normatividad, procesos organizativos, información y discusión: las alternativas para frenar el deterioro

De acuerdo a Zambrano, la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, y sus 12 consensos, propone ser la base para generar acciones urgentes de restauración, pues son las comunidades aledañas al río las que deben tener prioridad sobre el uso del agua.

Y hace un llamado a estudiar las externalidades económicas que surgen dentro de los proyectos de desarrollo — ¿cuánto cuesta que una comunidad completa se encuentre enferma? — se cuestiona.

Lo anterior para abordar la situación en las comunidades del río Santiago, pero en el caso de la CDMX también se podría ubicar el costo de las personas sin acceso al agua a partir de la deficiente forma en la que se distribuye.

Especifica que restaurar los ríos La Piedad y Magdalena Contreras, los canales de Cuemanco y La Viga, los humedales de Xochimilco y los bosques del Ajusco, pueden llegar a presentar costos elevados para los desarrolladores, pero esta cifra es limitada cuando se compara con la construcción del segundo piso de viaducto, que será de entre once y doce mil millones de pesos, o bien los 11 mil millones que costará el tren con dirección al nuevo aeropuerto.

“Es curioso… los costos para la restauración de la naturaleza siempre se les hacen carísimos, pero los costos para generar infraestructura no son tan caros”, expresa Zambrano.

Por su parte, el colectivo Un salto de vida, también denuncia que las acciones de restauración que se promueven desde la esfera política no son orgánicas, como lo ejemplifica el haber retirado la hierba a orillas del río, que de acuerdo a la experiencia empírica, colabora con la limpieza de los metales pesados.

Situación similar, el actual programa gubernamental Revive el río Santiago, que busca instaurar una red de plantas de tratamiento, “pero ya hay muchísimas plantas de tratamiento sobre la cuenca, 50 % de ellas en abandono por la obsolescencia de tecnología y por el alto costo de luz para la generación de la limpieza. El río se ha vuelto un botín político, su mayor contaminación es esa corrupción política”, concluye Enrique.

Sobre la declaratoria de emergencia ambiental y sanitaria en el río citado, desde Un Salto de Vida, especifican que una vez conseguido, el segundo paso será generar un grupo interdisciplinario entre académicos, la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, más la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para establecer responsabilidades de vigilancia pues, a partir de su información, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, tiene alrededor de 5 vigilantes en Jalisco para más de 600 industrias que están en la región.

Finalmente, Raúl Pacheco-Vegadetalla que aunque la lucha por la normatividad sea dominante, en México 99.5 % de los delitos se quedan impunes, especificando que aunque existan leyes, se requiere desarrollar la capacidad para monitorear su cumplimiento y su sanción.

Detallando que es muy importante que el debilitamiento de los presupuestos se regularice, pues esto se traduce en una reducción en la capacidad del Estado para responder a estos retos. Finaliza señalando en que eso sólo puede ser posible desde el activismo de base, desde la exigibilidad de la sociedad al gobierno, para financiar su cumplimiento.