Si bien lo conocemos como “Acuerdo de Escazú”, es en realidad el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. Es decir, es un acuerdo creado desde y para Latinoamérica y el Caribe, teniendo en cuenta las necesidades específicas de nuestro territorio.

Este acuerdo representa una oportunidad única para que la región avance en la ampliación y profundización de la democracia y gobernanza ambiental, en donde la participación de las personas se convierte en el principal medio de implementación de políticas públicas nacionales.

Uno de los aspectos revolucionarios del Acuerdo es que nos permite pensar la justicia climática en clave de derechos humanos. En particular, el Acuerdo garantiza los derechos de acceso, que son considerados como derechos llave, porque permiten acceder a la realización de otros derechos, por ejemplo, al derecho a vivir en un medio ambiente sano para las presentes y futuras generaciones, el derecho al agua y a la salud, entre otros. 

El acuerdo funciona como un instrumento procedimental. Es decir, busca garantizar que lo que ya está pactado y establecido, se cumpla: genera condiciones y capacidades nacionales para que se implementen de manera plena y efectiva los mecanismos, plazos y procedimientos que regulan las políticas públicas nacionales vigentes y los compromisos internacionales suscritos por los Estados en materia ambiental y de cambio climático.

En lo que respecta al derecho a la información, es importante notar que muchos de los países de la región ya cuentan con leyes de acceso a la información pública. Por lo tanto, la implementación del acuerdo les permitirá una aplicación concreta de estas con respecto a los asuntos ambientales. El Acuerdo entonces potencia la legislación de nuestros países, llevando el foco hacia lo ambiental.