Breve descripción de la experiencia

La Fundación Friedrich Ebert en el marco del Programa Regional de Transformación Social – Ecológica plantea alternativas y salidas a las crisis socio-ambientales en la región y en el contexto global, con justicia social y desarrollo sustentable, En consonancia con el interés y las propuestas e iniciativas políticas del actual Gobierno en Honduras para democratizar el uso y gestión de los recursos, atendiendo el respeto a los derechos humanos de la población, se han creado alianzas estratégicas que nos permitan colaborar de forma positiva para fomentar una transición energética justa en Honduras, no solo en torno a la decarbonización, si no como una forma de fortalecer los servicios públicos y los bienes comunes desde una perspectiva de justicia social y climática.

Organizaciones que la desarrollan

Secretaría de Estado en el Despacho de Energía

Imágenes descriptivas

Materiales Multimedia

Áreas temáticas que abarca

Sistema energético

Descripción exhaustiva

En el ámbito energético, las condiciones históricas de este derecho como un bien público y como un derecho humano se han visto deterioradas por diferentes factores; administrativos, corrupción y por el constante interés de privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE. La adjudicación de licencias y contratos a empresas generadores de energía, sin considerar los impactos ambientales, y sin la implementación de la consulta libre, previa e informada a pueblos indígenas ha sido un nudo problemático con altos niveles de violación a los derechos humanos de las comunidades afectadas. El limitado acceso a la información con respecto a contratos de energía solar, térmica, de biomasa, hidro de pasada, eólica, hidro de embalse y geotérmica, y los mecanismos de adjudicación de dichos contratos a empresas del sector privado y empresas transnacionales representan vacíos de procedimientos tanto en los términos de la adjudicación como su respectivo cumplimiento. Superar los vacíos antes expuestos, transparentar los procesos y la incorporación de la veeduría social acompañada de la gestión comunitaria, forman parte de los grandes desafíos del actual Gobierno. Dar el salto cualitativo en la relación estratégica gobierno – ciudadanía organizada se presenta como una oportunidad para avanzar en la democratización de procesos locales, regionales y nacionales. Dar paso a la transición energética requerirá de la toma de decisiones al más alto nivel del poder ejecutivo y legislativo. La participación del tejido comunitario como actor clave del proceso es una posibilidad para dinamizar procesos locales, regionales y nacionales para que, de manera conjunta, pueblo y gobierno avancen hacia la aprobación de una política pública orientada a hacer de la energía un derecho de toda la población y no un privilegio de grupos económicos que históricamente han violentado los procedimientos y mecanismos que establece la ley. Desde nuevas perspectivas, la implementación de acciones estratégicas para la generación energética popular como una vía para superar la pobreza se vuelve una oportunidad histórica. Mejorar las condiciones de vida de la población y el potencial de las comunidades, implica otras formas de gestión de lo común y de participación en la esfera de lo público. La transición energética puede dimensionarse como oportunidad y como posibilidad para repensar el sistema económico y político que permita privilegiar el bien común por encima de los intereses particulares y privados y sobre todo, poner en el centro la vida. El trabajo conjunto a la Secretaría de Energía busca respuestas para lograr trazar una ruta de trabajo que permita un relacionamiento público comunitario efectivo y real, como lograr que la energía se establezca en la vida de las personas como una necesidad básica satisfecha, con un acceso y cobertura amplia y que, no vaya encaminado a iluminar pobreza, sino establecer caminos productivos con una lógica de desarrollo sostenible y humano.

Información de contacto