21.05.2021

Agenda para una agricultura sustentable en América Latina

En el marco de la iniciativa para América Latina y el Caribe “Toma Partido” de la Fundación Friedrich Ebert, el pasado 6 de mayo, el Proyecto Regional de Transformación Social-Ecológica (TSE) llevó a cabo la presentación y debate del texto “América Latina: lineamientos para una agenda de soberanía alimentaria basada en la agricultura sustentable” de Anahi Macaroff .

Para analizar el ejercicio de la soberanía alimentaria y debatir los desafíos socioeconómicos que enfrentan los países latinoamericanos rumbo a una agenda agroecológica, al debate se dieron cita la antropóloga y autora del texto, Anahí Macaroff de Ecuador; Antonio Carrillo, Director General de Ganadería del Estado de Veracruz en México; Marlene Castillo del Servicio Agropecuario Investigación y Promoción Económica en Perú; Viviana Zamora de la Fundación Alternativas en Bolivia, Martín Drago de la organización Amigos de la Tierra Internacional en Uruguay y Camila Gramkow, de la Oficina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Brasil.

La moderación estuvo a cargo de Mariana Blanco del Proyecto TSE, quien comenzó por reflexionar que la pandemia puso en el centro del debate la importancia del proceso de producción de alimentos, la vulnerabilidad de las y los campesinos frente a los modelos agroindustriales, así como la necesidad de implementar acciones sustentadas en la agroecología.

Alternativas para la acción política

En su intervención, Anahí Macaroff explicó que el documento representa un diagnóstico de las potencialidades y posibilidades para construir soberanía alimentaria, pues en el continente Americano existen más de 18 millones de personas con algún grado de inseguridad alimentaria, una paradoja en una región productora de alimentos pero con una gran cantidad de personas que no acceden a ellos.

Refiere que las directrices del libro están centradas en 6 tópicos:

1. Diagnóstico de la crisis alimentaria y efectos de la pandemia

La agudización de las brechas socioeconómicas por la crisis del Covid-19 ha ocasionado que en 2020 América Latina incrementara sus índices de vulnerabilidad con 16 millones de nuevos pobres, pues mientras las restricciones de circulación a la producción causaban pérdida de cosechas campesinas, el incremento de las ventas por parte de las grandes cadenas de supermercados, fue exponencial ya que además de que mantuvieron sus puertas abiertas, implementaron las ventas en línea.

2. Diferencias entre seguridad y soberanía alimentaria

La seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria son dos propuestas distintas que intentan resolver el problema de la crisis alimentaria, con implicaciones políticas muy diferentes. Por un lado, la seguridad alimentaria es una propuesta desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para generar políticas públicas que garanticen la disponibilidad de alimentos, sin discutir la forma de producción ni la procedencia de los mismos.

Mientras la soberanía alimentaria, busca legitimar el ejercicio del derecho de los pueblos a definir sus propias políticas alimentarias, transformando el modelo de alimentación y de producción en términos no sólo ecológicos, sino también sociales y culturales.

3. Análisis de limitantes y condiciones a superar

La primacía del modelo agroindustrial exportador en América Latina se vincula históricamente a la Revolución Verde, que durante la década de los 80 fomentó el capitalismo en el campo, la distribución desigual de recursos de tierra y agua, además del avance de la frontera agrícola y su consecuente desgaste intensivo de suelos y deforestación.

Estás prácticas han devenido en medidas para la incorporación de nuevas tierras de cultivo a partir de, por ejemplo, incendios forestales intencionados, ya que de 2001 a 2013, se obtuvieron 17 % nuevas tierras de cultivo y 57 % nuevos pastizales anteriormente ocupados por bosques.

Otra gran limitante está trazada por los tratados internacionales que incluyen la cláusula de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, impidiendo al sector campesino guardar sus semillas y desmantelar una práctica de más de 10 mil años. Tan solo en 2013, el gobierno de Colombia destruyó una amplia cantidad de semillas para obligar a la compra de las mismas.

Por otro lado, en los últimos 10 años, la dependencia tecnológica de semillas modificadas y agroquímicos importados experimentó un aumento del 93% en el mercado mundial de agrotóxicos, pero en el caso de Brasil aumentó en 190%, esto también representa una disminución de los nutrientes en los alimentos, como ocurre con la reducción de hierro en el brócoli.

La influencia del monopolio de la distribución de alimentos desde los supermercados y el incremento de los ultra procesados, ha ido extinguiendo los mercados populares o campesinos que han logrado subsistir en países como México; no obstante, en la región los supermercados llegan a controlar hasta el 60 % de la distribución de alimentos, cuando hace 15 años lo hacían hasta en un 20%.

Y es que América Latina es la región más urbanizada del mundo y, de acuerdo al coeficiente de Gini, la región más desigual en términos de distribución de tierras, esto ha impactado en la migración del campo a la ciudad, causando que cada vez existan menos campesinos para producir alimentos, pero que también una gran cantidad de personas requieran una producción externa de los mismos.

4. Agricultura familiar y campesina, participación de las mujeres y economía del cuidado

En América Latina 80% de los alimentos frescos provienen de la agricultura familiar campesina; aunque su producción no es necesariamente agroecológica, sus procesos sólo utilizan 10% de la energía fósil y menos del 20% del agua total para la producción agrícola mundial. Sin embargo, las y los campesinos locales son de los sectores más vulnerables y con menos inversión pública del Estado.

En ese contexto, la agricultura urbana permite salir de la afirmación de que “en el campo se produce y en la ciudad se consume”, ya que en las grandes ciudades también es necesario pensar los sistemas agroalimentarios en donde destacan experiencias de agricultura urbana ligadas, por ejemplo, a instituciones educativas que la incorporan como una cuestión pedagógica o de autoabastecimiento para los comedores escolares, como ocurre en Cuba ante la falta de espacios para la producción a gran escala.

Desde la perspectiva feminista, destacan las propuestas de los colectivos para combatir la desigualdad que enfrentan las campesinas al no tener la titularidad de la tierra para acceder a programas gubernamentales o a créditos para producir, pues el capitalismo en el campo generó una economía masculina donde la venta de tierras por parte de productores a las corporaciones les permitió tener ingresos económicos, mientras el pequeño huerto o la cría de animales para el cuidado de las familias, ha sido históricamente responsabilidad de las mujeres, quienes representan entre el 45 % y 60 % del campesinado.

A este sector se enfoca la economía del cuidado, al poner el acento en la vida por encima de la ganancia del capital. Por ello, la autora del texto hace un llamado a que, “la agroecología debe ser una apuesta política” para transitar hacia una forma de producción amigable a partir del desarrollo de conocimientos asociados a tecnologías agrícolas que permitan el cuidado de los recursos y la producción de alimentos saludables, junto al reconocimiento de los conocimientos de las y los campesinos, desde el enfoque feminista y de la economía del cuidado.

5. El papel del Estado desde el ámbito legislativo y de gobernanza

La soberanía alimentaria en términos legislativos y de gobernanza ha implicado que, en los últimos 15 años, se aprueben leyes de seguridad y soberanía alimentaria que, si bien no son lo mismo, abren un camino de acción para empezar a demandar su cumplimiento.

Por ello, Anahí Macaroff propone desarrollar programas de crédito a bajo costo para fortalecer la agricultura familiar y campesina, así como la agroecología; eliminando también la titularidad de la tierra como requisito, para mayor participación de las mujeres. Por otro lado, puntualiza en que urge una legislación que proteja selvas, bosques, montes y la participación de campesinos en la elaboración de políticas públicas y para la prohibición de agroquímicos y productos peligrosos que dañan la salud.

Además, puntualiza en priorizar el abastecimiento de la cercanía y fomentar un sistema de control de precios para evitar la especulación y el alza de los precios de los alimentos básicos al consumidor, pues un caso grave durante la pandemia ocurrió en Centroamérica, cuyo abastecimiento de alimentos se basa en la importación que representa casi el 60% de los mismos, y con el cierre de fronteras, esto se tradujo en un grave problema de desabastecimiento.

Promover la alimentación sustentable como un tema de salud pública es fundamental, así como el uso responsable del agua frente a los escenarios de su privatización, como ha ocurrido ya con las semillas nativas a partir de los tratados de libre comercio, instrumentos que atentan a la posibilidad de la soberanía alimentaria.

Acota que desarrollar programas de asistencia técnica a la agroecología y elaboración de insumos y comercialización para campesinos, llevaría a dinamizar la producción local agroecológica mediante la compra pública, ya que el Estado tiene la capacidad de impulsar la cadena de producción agroecológica a partir de la compra de alimentos para hospitales o escuelas.

Por último, alude a la propuesta entre Ecuador y Sudáfrica, sobre un tratado jurídicamente vinculante que establezca la primacía de los derechos humanos por sobre los acuerdos comerciales de inversión.

6. El rol de distintos actores políticos como la academia, la izquierda y las y los consumidores

Ya que la agroecología es una ciencia y requiere de procesos de investigación, formación y técnicos desligados de los principios de la Revolución Verde, el rol de la academia es vital, pues existe una investigación direccionada por las grandes corporaciones, restando lugar a la investigación independiente de las mismas.

En cuanto a los consumidores, hace falta plantear preguntas como ¿qué tipo de alimentos privilegiamos consumir? ¿qué tipo de alimentos exigimos consumir? desde las implicaciones que esto trae para la sostenibilidad de la vida y de la salud individual y familiar.

En cuanto al rol de las izquierdas, menciona que los feminismos pelearon por la importancia de incorporar la dimensión de género, por lo que ahora es el momento de asumir una dimensión de soberanía alimentaria, abandonando el falso dilema del discurso extractivista que, si bien inyectó recursos para el establecimiento de políticas públicas en la región, no representó disminución en la desigualdad.

“Es fundamental incorporar la soberanía alimentaria a nuestras luchas desde la izquierda para enfrentar las grandes corporaciones transnacionales, teniendo en cuenta que cada país tiene una realidad particular pero que existen lineamientos generales que hermanan estos frentes”, finaliza.

Alianzas de solidaridad y rediseño de las políticas públicas para enfrentar la vulnerabilidad de los sistemas agroalimentarios

En su intervención, Antonio Carrillo de México refiere a los desafíos que implica transformar la matriz agroalimentaria desde un nuevo diseño de política pública a nivel federal pues en México, los casos de éxito sobre agroecología han estado al margen de la política pública y con la presente administración el cambio estructural requiere atender las múltiples desigualdades tanto en el diseño como en la operación de las mismas.

Destaca la gradual erradicación del glifosato, impulsada por la Secretaría de Medio Ambiente que, a pesar de tener fuertes implicaciones políticas y económicas, ha logrado restarle poder a las grandes transnacionales que habían cooptado una buena parte del mercado pues el Estado se adelgazó hasta convertirse en una agencia de contrataciones para la dispersión del gasto público, otorgando subsidios directos a los productores para la adquisición de estos productos.

Comenta que “con la posibilidad de hacer desaparecer esos esquemas, existen resistencias no sólo por parte de los grandes intereses económicos sino también por el manejo cotidiano de los productores para reducir, de alguna manera, los costos de mano de obra”.

Refiere que, para lograrlo se contempla una transición gradual que integre a la sociedad civil, academia, productores, consumidores y al Estado para desarrollar estrategias que fomenten la soberanía alimentaria desde el lado tecnológico pero también desde la toma de conciencia sobre las implicaciones de la cadena agroecológica en la salud del medio ambiente y en la de las personas.

Explica también que, de cara al proceso electoral que definirá al poder Legislativo para los siguientes años en México, el Estado debe procurar detonar la soberanía alimentaria directamente en los territorios.

Llama a crear y fortalecer alianzas de solidaridad entre campo y ciudad para enfrentar la vulnerabilidad de los sistemas agroalimentarios y a fomentar las cadenas cortas de suministro, citando la iniciativa de agroecología urbana en la alcaldía Xochimilco, en Ciudad de México, desde donde se proveían alimentos orgánicos a restaurantes, pero tras su cierre por las medidas sanitarias por Covid-19, se buscaron alternativas para posicionarlos ante los servidores de salud pública, es decir, personas que estaban en la primera línea.

Resistencia y conservación: causas y efectos de la agroecología

Para Marlene Castillo de Perú, la pandemia es una expresión de hasta dónde ha llegado la depredación, destrucción y degradación de los ecosistemas, haciendo necesario desarrollar una transformación social y ecológica en el mundo, exigiendo transitar de un horizonte de seguridad alimentaria a una estrategia con objetivo en común: la soberanía alimentaria.

Explica que, en el país andino, la pequeña agricultura familiar, principalmente de la sierra y de la selva, ha resistido a convertirse en producción de monocultivos asociados a los diferentes mercados. Esa resistencia ha implicado la conservación de sistemas de producción agroecológicos a través de la agroforestería, el autoconsumo, la economía de intercambio; resultando de ello que en Perú las comunidades campesinas y las comunidades nativas tituladas representen el 30% del territorio nacional.

Afirma que el sistema agroforestal alimentario de los pueblos indígenas se sostiene en la conservación del bosque, y es fundamental tanto como la participación de las mujeres para la preservación de la biodiversidad y de la soberanía alimentaria, pues son las principales transmisoras de los conocimientos de manera empírica y técnica.

En los últimos 10 años distintas organizaciones e instituciones han logrado colocar la seguridad alimentaria y la pequeña agricultura familiar como parte de las políticas gubernamentales. Específicamente, en el contexto de la pandemia, se potencializó el lado comercial de la pequeña agricultura familiar y a partir de los esfuerzos del movimiento agrario y el liderazgo de distintas organizaciones se logró prohibir mediante la extensión de la ley moratoria de transgénicos, el ingreso de semillas hasta el año 2035.

Precisa que, entre los actores más participativos se suma el activismo ciudadano de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana que representa a casi 50 pueblos indígenas de la Amazonía, y que buscan articular una propuesta de soberanía alimentaria.

Para fortalecer este accionar, llama a puntualizar propuestas como, por ejemplo, limitar la concentración de la tierra, pues una sola empresa llega a tener 100 mil hectáreas, además de fortalecer la experiencia de territorio integral y de gobiernos autónomos para seguir luchando por la conservación de la agrobiodiversidad.

Finalmente, destaca la importancia de la Amazonía para la lucha contra el cambio climático y contra el capital extractivista, depredador y colonizador. Así mismo detalla que en Perú la expansión de la frontera agrícola, bajo la forma de palma aceitera, suma ya cerca de 100 mil hectáreas deforestadas y 85 mil suspendidas por irregularidades a partir del esfuerzo de la sociedad civil y pueblos indígenas.

Sistemas de agricultura sustentable para la región

De acuerdo a Viviana Zamora de la Fundación Alternativas en Bolivia, existe una oportunidad de abordar las aristas de la crisis desde un enfoque regional, pues a pesar de que cada país tiene un determinado contexto, los grandes problemas pueden enfrentarse de forma coordinada. “Después de la pandemia, los sistemas agroalimentarios de la región, no se pueden volver a pensar de la misma forma” pues, refiere, aún hace falta puntualizar cómo lograr un modelo sustentable de agricultura y de producción de alimentos, a partir de colocar en el centro de la agenda pública y privada los temas ambientales que hagan frente al modelo agroindustrial.

Sobre cómo ha golpeado la pandemia a los sistemas alimentarios, en Bolivia explica que la falta de gestión de los gobiernos locales y nacionales causó efectos negativos en los sistemas logísticos de abastecimiento y de vías de comunicación. Por ello, enfatiza en que la propuesta de modelo sustentable se adopte por y para las nuevas generaciones, a partir la responsabilidad política asumida por tomadores de decisiones, organizaciones, individuos y consumidores.

Coincide en que ese desarrollo debe ocurrir también en la relación campo ciudad, pues para generar sistemas productivos sustentables, “no podemos pensar en áreas rurales resilientes y sostenibles si no estamos desarrollando también esta resiliencia en las ciudades”.

Frente a un escenario en donde los intereses políticos, presentes en todo el planeta, han limitado y complicado la carrera por cumplir los compromisos medioambientales, desde la Fundación Alternativas, los sistemas alimentarios se han impulsado de forma integral a nivel barrial, local y nacional, destacando el enorme papel que desempeñan los actores locales para el abastecimiento alimentario.

Explica que tan solo en los últimos diez años, la importación de alimentos en Bolivia se incrementó 54 % y esa tendencia sigue en crecimiento, gracias a las personas que están detrás de un plato de comida y que requieren ser visibilizados.

Destaca que una buena práctica de agricultura urbana se lleva a cabo en La Paz, a casi 4 mil metros de altura, donde se encuentra el primer huerto urbano vecinal con 40 familias cosechan alimentos. “El huerto no invita solamente a poder consumir alimentos y abastecerse de alimentos, sino también a generar un espacio educativo, un espacio donde las personas puedan estar alrededor de la naturaleza”.

Además, explica que estos esfuerzos se han traducido en un marco normativo, sin embargo, aún hace falta seguir empujando a fiscalizar y a presionar para que estas acciones se integren a las agendas públicas.

Finalmente comparte la experiencia de turismo y producción de alimentos, que en Bolivia ha permitido recuperar varias especies locales que se estaban perdiendo. Esto ha representado la oportunidad de valorar los productos locales, recuperar el patrimonio gastronómico y fomentar el turismo, temas que, de acuerdo a Macaroff, aún se pueden investigar para generar alianzas y colaboraciones.

Las posibilidades de una soberanía alimentaria articulada

Para Martín Drago la fortaleza más grande que tiene la soberanía alimentaria, es que no es utópica ya que proviene de la práctica cotidiana de millones de productores, productoras y organizaciones territoriales; sin embargo, también enfrenta intentos de captura corporativa por lo que es fundamental encontrar sinergias que permitan llevar procesos políticos, de construcción y de correlación de fuerzas para transformar la realidad desde la base.

Destaca que el documento de Macaroff sintetiza propuestas desde el campo popular para construir la soberanía alimentaria a partir de un feminismo campesino, indígena y popular que haga frente al agronegocio que siempre va de la mano de las élites nacionales asociadas a las empresas trasnacionales.

Especifica que las políticas públicas y la organización social son precondiciones para la soberanía alimentaria, además de la necesaria transformación del Estado en términos estructurales y no solo a nivel nacional, sino también con una mirada internacional.

Ante los tratados de libre comercio y tratados bilaterales de inversiones, entendidos como infraestructura en favor de las empresas trasnacionales para la explotación de los pueblos, se pronuncia a favor de un tratado vinculante sobre empresas trasnacionales y derechos humanos básicos para realizar los cambios estructurales necesarios para la soberanía alimentaria a partir de la transformación de la producción y comercialización, e incluso del conocimiento, pues también existe la captura corporativa de la investigación de la ciencia pues en la medida que el Estado se ha enflaquecido, las corporaciones ponen los recursos para investigación al servicio de sus intereses.

Sobre las posibilidades de articular una soberanía alimentaria basada en la agricultura familiar, campesina, indígena, los actores que la producen también tienen que ser los principales beneficiados.

Señala que las propuestas deben reflejar el sentir y las necesidades de las mayorías populares. Enfatiza en no caer en falsos dilemas, pues la izquierda no sólo debe ser activa en debates, sino articularse con movimientos sociales para posicionarse con más claridad frente a estos temas, así como el feminismo se ha colocado sobre la justicia de género y a favor del desmantelamiento del patriarcado.

Para el especialista, los sectores productivos representan un sujeto político que resiste al avance y a los intentos de su desaparición como actor, como sujeto político, pero además está produciendo la enorme mayoría de los alimentos que consume el planeta, con la paradoja de que una parte importante de la desnutrición e inseguridad alimentaria a nivel global la sufren las y los mismos productores de alimentos.

Finalmente cita que, en Uruguay, y a nivel global, las corporaciones transnacionales intentan apropiarse del término agroecología, promoviendo una agroecología chatarra para simular una transición parcialmente ecológica, pero sin justicia socioeconómica ni con enfoque de género.

Lo anterior a pesar de que la nación cuenta con un Plan Nacional de Agroecología a partir de un marco legal que generó una comisión honoraria conformada por diversos actores de la sociedad, a la cual el gobierno de derecha, no asignó ningún recurso a la implementación de esta iniciativa y en su lugar fomenta el agronegocio a partir de una “etiqueta verde” para ganar mayores nichos de mercado, pues “la agroindustria siempre tiene nuevas formas de ir colonizando los esfuerzos”.

La crisis es también una oportunidad

Camila Gramkow de la CEPAL en Brasil, explica que en la región existen 17 millones de agricultores y 2 millones de pescadores que, a pesar de ser pilares dentro del abastecimiento alimentario, la mayoría vive en la pobreza, en la informalidad y fuera de los sistemas de protección social.

Refiere que la presente crisis relacionada a la pandemia por Covid-19, es la más grave que la región ha enfrentado, por lo menos en los últimos 120 años. Tan sólo en la región, 80 millones de personas enfrentan el riesgo de padecer hambre, pues además de la irrupción en la cadena de producción y suministro, el índice de precios al consumidor subió más que el índice de precios en general, mientras los ingresos también presentaron una reducción.

Coincide en que esta crisis es también una oportunidad en términos del diseño de estrategias que incluso puedan atender la gravedad del cambio climático, pues en el caso de Brasil, se estima que para 2030, los cambios de uso de suelo, las sequías y la deforestación pueden llegar a causar la pérdida de más de 11 millones de hectáreas de áreas cultivables.

Otro problema que impacta a la agricultura familiar, y por ende a la soberanía alimentaria, es el de las constantes sequías que ocurren en las comunidades encargadas de producir arroz, frijol, mandioca o maíz, cultivos especialmente vulnerables a estos efectos.

Por otro lado, Camila pronostica una crisis aún mayor si se trasladan estos impactos al PIB, ya que la crisis durante 2020 provocó una contracción del 7.7 % en el PIB de la región; si se contrasta este número con la expectativa de reducción de la economía debido al cambio climático, esto puede ser una crisis mucho más grave, pues las últimas estimaciones indican una contracción entre 5 y 20% al año, siendo los países en desarrollo los más vulnerables a esta contracción.

Explica que, para enfrentar la emergencia, desde CEPAL las propuestas a corto plazo se han focalizado en complementar el ingreso básico de emergencia con la entrega de un bono contra el hambre a toda la población en situación de pobreza extrema, además de incentivar medidas de protección a productores para aumentar la liquidez de créditos blandos y exenciones fiscales.

En cuanto a las acciones de largo plazo precisa poner especial atención en enfrentar los momentos de altos precios de los commodities y ubicar las tendencias de transformación digital de consumidores que cada vez se encuentran más conectados para aprovechar las tecnologías y así acercar a los productores rurales a los consumidores.

Para concluir señala que, con miras en la soberanía alimentaria, el Acuerdo de Escazú es un instrumento a nivel regional muy importante en los temas de derechos humanos y sostenibilidad, que resultará fundamental para construir este diálogo.

 

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