08.01.2021

América Latina frente al cambio climático: recuperación y transición justa

El cambio climático ya está en marcha; en los trópicos, polos, continentes y mares; afectando a los países más desarrollados y a los menos desarrollados, quienes por su capacidad de respuesta presentan mayor o menor vulnerabilidad. En América Latina, las inundaciones, ciclones, huracanes e incendios forestales han causado daños severos; el huracán María de 2018 en Costa Rica se llevó 4,500 vidas, el derretimiento de la cordillera de Perú ha disminuido 38 % de sus hielos en los últimos 50 años.

Para debatir sobre las responsabilidades asumidas por los países de América Latina en la disminución de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y así evitar el catastrófico escenario del aumento en la temperatura de 2 °C , el pasado 8 de diciembre la Fundación Friedrich Ebert y el Proyecto Regional de Transformación Social-Ecológica llevaron a cabo el seminario web “Los retos y desafíos de las políticas de Cambio Climático pos-COVID-19 rumbo a la COP26“ a 5 años de la firma del Acuerdo de París y en el contexto de la suspensión de la Conferencia de las Partes (COP26) donde los países presentarían los avances en sus compromisos nacionales para la reducción de contaminantes.

El segundo panel titulado "América Latina frente a los compromisos de Cambio Climático rumbo a la COP26" participaron Antonina Ivanova, Investigadora del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y académica de la Universidad Autónoma de Baja California Sur,  Juan Pablo Ruiz del Foro Nacional Ambiental (Colombia), Max Puig del Consejo Nacional para el Cambio Climático (República Dominicana), Natalia Carrau de la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (Uruguay) y Mariana Blanco, coordinadora del Proyecto de Transformación Social-Ecológica, como moderadora.

Acciones locales y acuerdos globales para enfrentar el cambio climático

Antonina abrió el debate describiendo un presente continuo en donde los océanos, seguirán calentándose; el nivel medio del mar, aumentando durante el siglo XXI y la cobertura del hielo del Ártico, disminuyendo con el incremento de las temperaturas, generando así mayor escasez de alimentos y agua, migrantes climáticos de los países insulares, impactos directos sobre algunos sectores económicos, especialmente el agropecuario y el turístico, del que dependen varios países de América Latina. Por lo que resulta vital poder realizar políticas de mitigación del cambio climático y de acción climática.

Sobre el origen de las emisiones de GEI, Antonina explicó que 35 % se deben al sector energético, 24 % a la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, 21 % a la industria, 14 % al transporte y 6 % al sector residencial. Por lo tanto, las principales políticas de mitigación están focalizadas en generar eficiencia energética para salir del uso de combustibles fósiles a través de fuentes renovables y transportes híbridos, además de orientar la disminución de la deforestación y generar cero carbono desde las emisiones de las industrias.

Refirió que el Acuerdo de París, sustentado en el Protocolo de Kioto, está basado en la ambición de disminuir el aumento de la temperatura a menos de 2 grados centígrados y, si es posible, a 1.5 grados centígrados, lo cual sólo sería posible de revisar las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs por sus siglas en inglés), las cuales ya fueron presentadas por los países de América Latina ante el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pero tras 5 años del Acuerdo de París, serían revisadas y renovadas durante la Conferencia de las Partes COP26, pospuesta por la pandemia. “Así como están formulados ahora, no van a alcanzar para disminuir la temperatura a 1.5°C y es muy necesario revisarlos”, agrega.

Señala que la categoría de responsabilidades históricamente determinadas, hace referencia a que los países desarrollados han contribuido, desde el siglo XIX, a la acumulación de GEI en la atmósfera, a diferencia de los países en desarrollo. Sin embargo, esta categoría fue revisada en la COP 10, cuando se determinó que estas responsabilidades se deberán cumplir desde la aportación de medios financieros para las políticas en los países en desarrollo.

En América Latina, los principales emisores de dióxido de carbono (CO2) son Brasil, México, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia y Perú. Sin embargo, desde la perspectiva internacional en comparación con China, que emite más de 10 mil millones de mega toneladas de CO2, América Latina solamente produce menos de 2 mil millones de mega toneladas, siendo México con 467 y Brasil con 457 mega toneladas, los mayores emisores.

Y es que la situación en ambos países es preocupante, según datos del Observatorio de Clima, organización no gubernamental, Brasil emitió en 2017 alrededor de 2 giga toneladas de gases de CO2, cifra que representan poco más de 2% de las emisiones mundiales de GEI, haciendo del país amazónico, el séptimo emisor más grande del planeta. Por otro lado, en México, también hay signos de alerta con la política energética pues con la construcción de la refinería Dos Bocas, las emisiones aumentarán cuando comience a operar en 2022 con “17.3 millones de toneladas de CO2, cifra que cubrirá las NDCs del país, así como las metas de la Ley General del Cambio Climático, según lo manifiesta Greenpeace”.

Destaca que es importante que los países de América Latina sigan contribuyendo a los esfuerzos globales de las políticas de mitigación, especialmente en un año donde los compromisos climáticos como la COP26 y la Cumbre de Biodiversidad, alineada con la Convención Marco de Cambio Climático, fueron aplazadas por priorizar medidas sanitarias para atender la pandemia por COVID-19.

En este punto, precisa que las enfermedades zoonóticas también están relacionadas con el cambio climático, pues la alteración de los hábitats y el contacto entre organismos animales y humanos de diferentes especies, está provocando las pandemias. “Por eso, cuando hablamos sobre lucha contra la emergencia sanitaria de COVID-19, tenemos que relacionarla directamente con la lucha contra el cambio climático”.

Agrega que de acuerdo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el crecimiento en la región es ambientalmente insostenible, pues los modelos de producción, la baja intensidad en la innovación tecnológica, la estructura de incentivos y subsidios, así como la matriz de consumo público y privado de bienes, conducen a un sendero que requiere de un nuevo esquema de desarrollo en vías de sustentabilidad.

Por otro lado, cita como un ejemplo positivo en América Latina la actualización de Chile sobre su estrategia nacional que incluso considera un pilar social de transición justa para enfrentar el cambio climático, pues de esta manera se cumple con el Acuerdo de París y se avanza en simultáneo con la Agenda 20/30 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Sobre los retos a nivel de la gobernanza de la acción climática en la región, destaca que la planeación de acciones climáticas debe considerar las necesidades locales para conjuntar los planes a nivel nacional e incidir en los compromisos de las NDCs y las estrategias de sustentabilidad de los países.

Ubica como un riesgo la fuerte dependencia económica de combustibles fósiles, que apoyados en los posibles impactos estructurales de la COVID-19, lleva a posponer la transición energética, destacando que “los países deberían integrar la sostenibilidad en sus planes de recuperación post pandemia”.

Por otro lado, precisa que se puede fomentar más la cooperación entre Estados, especialmente entre el Norte y el Sur, desde la participación de múltiples sectores para invertir en fuentes renovables con miras en la suficiencia energética y así encontrar una salida verde que incorpore soluciones sostenibles para mejorar la resiliencia de las sociedades y así estar preparados de la mejor manera posible para el futuro.

Las subvenciones financieras internacionales

De acuerdo a Juan Pablo Ruíz, el contexto de las negociaciones internacionales en términos de mitigación y adaptación para América Latina, está relacionado con algunas condiciones compartidas en la región como la crisis del gobierno, el déficit fiscal y la franca necesidad de una recuperación económica.

De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) el marco fiscal verde debe tomar medidas de reparación y estímulo para que el mundo sea más resiliente ante los riesgos del cambio climático e incluso la disminución de la probabilidad de nuevas pandemias. Sin embargo, Naciones Unidas no destaca dentro de la organización que financia el déficit fiscal que sí financiará el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuya propuesta actual es “ecologizar la recuperación” para generar efectos muy duraderos con medidas de política fiscal con impactos vinculados con la situación climática.

De acuerdo al FMI la transición energética implica elevar el impuesto global al carbón; en términos de políticas nacionales, invita a los Ministerios de Finanzas a generar políticas y proyectos de estímulo para las acciones de mitigación al cambio climático, apoyando la recuperación industrial considerando indicadores ambientales para evitar se relaje la normatividad.

Por su parte el Banco Mundial, propone créditos masivos de asistencia técnica para superar la pobreza a través de mejoras en la gestión ambiental y estipula que las intervenciones de recuperación económica vayan en la vía de la resiliencia y recuperación sostenible, incluyendo temas de género, cambio climático y biodiversidad.

En relación al Banco Interamericano de Desarrollo, este argumenta que la recuperación económica no debe ser austera y debe permitir un amplio déficit fiscal, apostando por la recuperación de ecosistemas, movilidad eléctrica, las energías renovables, el desarrollo de infraestructura urbana sostenible, reconstruyendo las finanzas públicas y generando propuestas de crecimiento económico rápido y empleo.

Y es que la crisis económica está generando un gran déficit fiscal que afectaría las inversiones en la acción climática, pues la recuperación financiera demanda priorizar acciones de corto plazo, como la amplificación de fronteras agropecuarias, el incremento de la deforestación y las extracciones mineras. Sin embargo, en el lado positivo, los gobiernos, las empresas y la sociedad tienen mayor conciencia sobre los riesgos implícitos en la degradación ambiental, lo cual obliga a elaborar regulaciones apropiadas para una opinión pública cambiante que está modificando la demanda desde los hábitos de consumo, presionando así cambios en el sector privado.

Señala que para América Latina es importante sustentar la propuesta de recuperación de la crisis por COVID-19, en soluciones basadas en la naturaleza a través de activos para el desarrollo sostenible, capaces de generar empleo y seguridad alimentaria, abordando la tecnología como un motor de desarrollo, diversificando la economía y superando la dependencia al extractivismo, “esto le entrega a América Latina un papel protagónico en el entorno global, pues en términos de ecosistemas, bosques y biodiversidad, es una potencia mundial”.

Esas inversiones tienen que estar orientadas a acciones concretas para la reconversión productiva hacia sistemas ambientalmente amigables que conserven la estructura económica principal, como por ejemplo la cobertura vegetal que regula la gestión del agua o el desarrollo económico en destinos turísticos de gestión comunitaria para generar ingresos en zonas vulneradas por la pandemia, las cuales también demostraron una gran capacidad de respuesta.

La descentralización como una alternativa de recuperación

De acuerdo a Juan Pablo Ruíz, la descentralización es una alternativa para disminuir el crecimiento de grandes ciudades, pues desde Ciudad de México hasta Buenos Aires, todas las grandes ciudades latinoamericanas son una muestra clara de la concentración en población, producción y consumo.

Los servicios ecosistémicos son elementales para la planificación urbana de pequeñas ciudades y en los procesos de descentralización de las grandes ciudades “la localización geográfica, la oferta natural de agua, de circulación de aire, debería ser un factor determinante en definir la estrategia adaptativa de los asentamientos urbanos”.

Ruíz ubica que en este proceso también se corre un riesgo pues las grandes ciudades son las que tienen mayor capacidad de endeudamiento y por ello las mejores posibilidades de generar soluciones a su interior, en detrimento de la consolidación de las pequeñas y medianas ciudades.

A nivel de los espacios urbanos, precisa que es importante: restaurar humedales naturales sin construir humedales artificiales, generar espacios verdes mediante campañas de reforestación en todas las ciudades, desincentivar la construcción urbana sobre suelo de vocación agropecuaria y compensar a los proveedores de los servicios ecosistémicos, éste último rubro relacionado con la gestión de Parques Nacionales, Municipales o Regionales, donde es importante visibilizar el aporte de los pueblos indígenas a la regulación climática desde el manejo de tierras colectivas.

En esta década que se avecina, denominada de la restauración, visualiza una oportunidad de renegociación rumbo a la COP26 que consiste en enfrentar el déficit fiscal mediante el canje de la deuda, pues América Latina genera grandes beneficios globales para la regulación climática. Por su parte, los países amazónicos tendrían la posibilidad de negociar conjuntamente transferencias y disminución de la deuda, es decir, canjes de deuda por mantener la integridad de los ecosistemas y así generar ingresos para la producción sostenible y la conservación de la calidad de vida de las comunidades.

Como ejemplo de lo anterior refiere la práctica de Noruega con Gabón, donde se ha incrementado el monto de la compensación por tonelada retenida de CO2 en el bosque del área conservada.

República Dominicana y sus propuestas de ambición climática

A partir de su cargo como vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio de República Dominicana, Max Puig afirma que la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030, mediante una ley establecida en el año 2012, se encuentra focalizada en descarbonizar la economía a partir de un Plan de Desarrollo Económico compatible con el cambio climático, apoyado por el Banco Mundial, mismo que desde la óptica de diferentes instrumentos, les ha llevado a sustentar la ambición climática en componentes de transparencia y planificación estratégica, incluyendo mecanismos de mitigación, adaptación, medios de implementación y financiamiento.

A partir de un proceso participativo, inclusivo y multisectorial, se desarrollaron diálogos técnicos y encuentros que contribuyeron a la revisión de las NDCs, donde destaca la participación del sector privado para reafirmar el compromiso con el Acuerdo de París,  desde una política climática encausada por un Consejo que además de estar liderado por el Presidente de la República, también se acompaña por un comité participativo que representa a distintos sectores de la sociedad, junto a los ministerios de Medio Ambiente, Economía y Hacienda.

Puig explica que, en el año 2015, República Dominicana había establecido como meta la reducción de sus emisiones en 25 %, tomando como referente el año 2030, pero agrega que este compromiso de reducción fue fijado como totalmente condicionado por la contribución de la cooperación internacional.

Para 2020, Dominicana se ha propuesto aumentar su compromiso de reducción de emisiones de GEI de 25 a 27 %, utilizando el indicador relativo de reducción de emisiones con respecto al escenario tendencial; sin embargo 7 % de él se asumirá de manera incondicional, es decir a partir de recursos propios debidamente registrados y consolidados. De ese aporte de 7 % condicionado a las finanzas nacionales, el 5 % corresponderá al sector privado, a partir de proyectos con inversiones debidamente establecidas, y el 2 % al sector público, con inversiones incluidas en el presupuesto nacional.

Explica también que, junto al incremento en las NDC, se han elaborado 46 opciones de mitigación, de las cuales, más de la mitad serán focalizadas para el sector energético, destacando lo estratégico que resulta ser este sector en República Dominicana donde la prevalencia es mayor al promedio de los países de América Latina, pues se estima en un 60 %. Sin embargo, explica que resulta ser este mismo sector donde se han podido consolidar estadísticas más completas y más confiables en los registros de reducción.

Una de sus prioridades es la energía fotovoltaica, que incluso destaca en el 5% del compromiso financiero asumido nacionalmente. En cuanto a la reducción de GEI, una proporción importante la representan el desarrollo de las energías renovables, acciones que serán complementadas por el establecimiento de una de una Ley Marco de Cambio Climático que tiene una visión holística que al mismo tiempo va a trazar una serie de medidas en términos de acción climática.

Refiere la emisión de un decreto que establece el sistema de medición, registro y verificación de la emisión de GEI que convertirá a República Dominicana en el cuarto país de América Latina en disponer de un instrumento legal de estas características.

En el tema de la gobernanza del Estado, explica que, al ser un país insular y con alta vulnerabilidad, se priorizaron las medidas de adaptación en los sectores de seguridad hídrica, seguridad alimentaria y ciudades resilientes. Destaca que, con el gobierno entrante desde el mes de agosto, se ha reafirmado la voluntad en términos de políticas climáticas y de incremento en la ambición climática, resaltando que República Dominicana será anfitrión de la Semana del Clima de América Latina y el Caribe, en julio de 2021, “una vez que las condiciones estén dadas para que el mayor número de actores pueda estar presente”, detalló.

El desarrollo es un concepto en disputa

Desde la experiencia de Natalia Carrau, la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) se ha vinculado con los movimientos campesino, ambientalista y feminista para construir una perspectiva de desarrollo sustentable que coloque al trabajo en un centro sustentado por los pilares del trabajo decente, la distribución de la riqueza, la democracia participativa, la igualdad y equidad entre géneros, la protección e inclusión social, la democracia energética, la justicia ambiental y la transición justa.

Este último concepto, basado en una apuesta por un desarrollo sustentable que vincule de de forma integral las dimensiones política, económica, social y ambiental. “No entendemos la naturaleza como algo diferente o alejado de las personas, sino que nos reconocemos como parte de este planeta”, refiere.

Desde el sindicalismo global se concluye que “no habrá empleos en un planeta muerto”, pues la relación entre el medio y la sociedad, mediada por el trabajo y a través de diferentes formas de transformación de la naturaleza, requiere de un nuevo planteamiento formulado a la luz de la crisis climática, con la capacidad de cambiar el modelo de producción y consumo.

Por eso, invita a cuestionar las soluciones que no apuntan a resolver problemas, que son esencialmente estructurales y resuelven, sólo en apariencia, un problema de fondo. Destacando que, durante los espacios de negociación de la COP, es preponderante discutir las formas en las que los intercambios comerciales profundizan el problema estructural en relación a la crisis climática. “Las negociaciones sobre cambio climático han estado marcadas por una tendencia a la captura por parte de la lógica mercantil. Por parte de los intereses empresariales que privilegian soluciones que son de mercado”, suscribe.

En reconocimiento de esa situación, explica que desde el movimiento sindical de la región se ha buscado responder a esa dinámica a partir de la movilización popular fuera y dentro de las negociaciones, pues considera importante reivindicar el multilateralismo siempre y cuando esté basado en la democracia y la igualdad, situación que ha impactado en el propio Acuerdo de París, que si bien refiere a la transición justa, una demanda de los trabajadores y las trabajadoras es que las disposiciones sobre el tema no son vinculantes.

“Cuando los sindicatos hablan de transición justa, plantean una transición que va más allá de un cambio de las fuentes de energía, (apuntando) a una transición del sistema energético como tal. Y esto es importante, volver a colocarlo sobre la mesa de una forma prioritaria”, agrega.

Sobre las NDCs, explica que los compromisos no son construidos desde la participación de los sindicatos, movimientos sociales o las propias comunidades que además de tener reflexiones sobre el tema, son directamente afectados y afectadas por la implementación de políticas de mitigación y adaptación.

Señala que las políticas que emerjan de esta crisis deben contemplar el tipo de empleo y las condiciones laborales a partir de las respuestas al cambio climático para combatir la informalidad, la falta de protección a sus derechos, la ineficacia de los sistemas sanitarios (por privatización y mercantilización previa), la discriminación; además de la crisis de los cuidados extendida por la presión del teletrabajo.

“Debemos también partir de la realidad en la que estamos y que no es nada alentadora… los impactos de la COVID-19 desnudaron en la región una verdadera arquitectura de la vulnerabilidad”.

Al ubicar al 2020 como un punto de inflexión, hace un llamado a que las negociaciones por el clima no repliquen las soluciones falsas como los mercados de carbono, pues considera necesario evitar que la producción se encuentre al servicio del capital, ni controlada por este, lo cual lleva a discutir los modelos basados en el extractivismo, en el acaparamiento de tierras, en la producción orientada a la exportación y basada en los commodities.

Señala como reto la posibilidad de integrar la perspectiva de trabajadoras y trabajadores en la transición energética o en acciones de agricultura sustentable, para incorporar los principios de la justicia social y económica, agregando que “es necesario empezar a decir fuerte y claro que en un planeta muerto no habrá empleos” pero que tampoco los habrá en un planeta, y en una región como América Latina, donde se violentan sistemáticamente los derechos humanos.

Agrega que si bien Chile tiene mayor camino avanzado en la actualización de las NDCs, lo ha hecho a espaldas del sector trabajador, pues esa forma de conducirse del gobierno del país, ha provocado estallidos sociales con respuesta antidemocrática y represiva a las demandas populares y de los sindicatos, quienes “no están siendo convocados a la mesa de negociación” y en un marco donde la virtualidad ha comenzado a pasar por encima de la presencialidad, es necesario que las comunidades, trabajadores y trabajadores estén presentes, pues “es necesario escucharlos”, puntualiza.

Cooperación internacional y el Acuerdo de Escazú

La vinculación internacional fue un punto a debatir entre las y los especialistas, destacando la importancia de la cooperación Sur-Sur, siendo esta entre los países en desarrollo, a diferencia de la cooperación clásica que es Norte-Sur. Para Antonina Ivanova, incluso es relevante la participación que ha asumido China en cuanto al combate contra el cambio climático, pues la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, generó mucha incertidumbre.

Si bien la panelista, refiere que las NDCs están focalizadas en las políticas nacionales que se realizan al interior de los países, parecería que la cooperación internacional pierde su significado, sin embargo, el próximo informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), abordará que la mayoría de los compromisos de los países en desarrollo, están basados en apoyos financieros que se gestionan por medio de cooperación internacional, fundaciones o fondos verdes climáticos.

Por su parte Juan Pablo Ruíz, refiere otro ejemplo de colaboración multilateral, a través del apoyo que Reino Unido brindó a los procesos de reconversión productiva de ganadería extensiva orientada a pequeños productores en Colombia, lo cual ha tenido un impacto social destacable.

También expresa la oportunidad de cooperación con Alemania, Inglaterra o Noruega, pues las acciones para disminuir la deforestación requieren de compensación por servicios ecosistémicos, detallando que “la conservación no es gratuita, sino no habría necesidad de financiar”.

Para Max Puig, la cooperación internacional no sólo beneficia en lo referente a intercambios financieros, sino también desde la compartición de experiencias. Y es que, si bien República Dominicana representa sólo el 0.06 % de las emisiones, eso no le resta importancia en las acciones de mitigación y adaptación, pues el país forma parte de la Asociación de Pequeños Países Insulares, un grupo particularmente amenazado por el cambio climático.

Por su parte, Natalia Carrau refiere que las propuestas de integración regional han sufrido mucha fragmentación y en algunos casos han desarticulado la cooperación, pues las instituciones financieras internacionales ejercen una cierta injerencia en la autodeterminación de las políticas que se implementan en un país en todas las temáticas, Ante ello, destaca la pertinencia de las políticas públicas regionales, para promover la cooperación Sur-Sur entre países con situaciones afines.

Sobre el primer tratado ambiental vinculante para la región de América Latina y el Caribe, sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú por su adopción en 2018, en ese distrito de Costa Rica, las y los panelistas coinciden en que brindará mayores herramientas para poder defender los derechos de la naturaleza y de las y los defensores del territorio en vías de la justicia ambiental.

Si bien celebraron este logro a nivel regional, un punto sensible lo destacaron Natalia Carrau y Juan Pablo Ruíz al señalar que en la aplicación de la reglamentación es donde ocurren los mayores riesgos de que un acuerdo resulte inocuo o “acabe siendo menos posible de cumplir con sus objetivos de lo que establece la letra”, expresó Carrau.

Ruíz, lamentó que Colombia sea el país con más asesinatos de líderes ambientales y consideró como indispensable el cumplimiento de la legislación, ya que el problema no es la inexistencia de legislación ambiental o mecanismos de defensa de los derechos humanos, “sino la falta de aplicación de la misma”, finalizó.

 

 

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