El trayecto de la política climática internacional rumbo a la COP26

El pasado 8 de diciembre la Fundación Friedrich Ebert (FES) y el Proyecto Regional de Transformación Social-Ecológica llevaron a cabo el seminario web “Los retos y desafíos de las políticas de Cambio Climático pos-COVID-19 rumbo a la COP26“ para debatir sobre las responsabilidades asumidas por los Estados en la disminución de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para evitar el catastrófico escenario del aumento en la temperatura de 2 grados centígrados, a 5 años de la firma del Acuerdo de París y en el contexto de la suspensión de la reunión anual Conferencia de las Partes (COP26).

El primer panel titulado "Avances, retrocesos y desafíos de los compromisos internacionales sobre Cambio Climático para la COP26 en 2021" estuvo conformado por Delara Burkhardt, del Partido Social Demócrata de Alemania y Diputada del Parlamento Europeo, Manuela Matthess del Departamento de Política Global de la FES Alemania, Rodrigo Echecopar de la iniciativa Nuestra América Verde (Chile) y la moderación a cargo de Astrid Becker, directora del Proyecto de Transformación Social-Ecológica.

Conseguir la meta de 1.5 grados requiere de esfuerzos considerables y consecuentes

La preservación de los ecosistemas y la protección de la vida de millones de personas a nivel global, implica cumplir con el objetivo central del Acuerdo de París que consiste en evitar el incremento en la temperatura del planeta en 2°C, y realizar esfuerzos para limitar ese aumento a 1.5°C, y así conseguir para 2050 la neutralidad en las emisiones de dióxido de carbono (CO2), el principal causante del calentamiento global, hacia la atmósfera.

“La crisis climática es un problema global que requiere de respuestas globales y éstas solamente se dan cuando los gobiernos colaboran”, expresó en un inicio Manuela Matthess destacando que el Acuerdo de París es un ejemplo positivo de una negociación multilateral exitosa, considerada histórica, agregando también que 2015, año en donde se firmó el tratado, se establecieron las bases para la implementación de una política climática a nivel internacional, pues además de los Objetivos de Desarrollo Sustentable que se asentaron desde Naciones Unidas, el New Deal en Europa avanzó desde la perspectiva progresista.

Estos esfuerzos globales implican que los gobiernos canalicen sus acciones a través de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs por sus siglas en inglés), las cuales se revisan cada cinco años. En 2020 se cumple ese primer lustro, “si bien se hicieron avances, no hemos avanzado lo necesario”, especifica Matthess

Está sustentado científicamente que mantener el aumento en 1.5 °C, reduciría el riesgo para la salud humana y aseguraría el equilibrio de los ecosistemas, pues así existirían menos posibilidades de alcanzar niveles no reversibles de efectos ecológicos y catástrofes fatales.

Sin embargo, esta meta implica un cambio masivo desde los sistemas económicos tal como los conocemos, hasta la reducción radical de las emisiones de CO2, a través de una transformación energética global.

La panelista destaca los avances de este último rubro, “pues las energías renovables se han vuelto más económicas y todos los países reconocen el potencial de su implementación”. Por su parte, la industria ha reconocido lo imperante que resulta diseñar estos objetivos considerando de manera paralela la protección a sus empleados.  

De acuerdo al Climate Action Tracker, plataforma que sistematiza los planes de protección climática a nivel global, la imagen no es tan positiva. Hasta ahora ningún país tiene una posición líder, destacando solamente dos planes climáticos nacionales compatibles con la meta de 1.5°C, Marruecos y Gambia, y a Costa Rica con el de 2°C en América Latina.

Señala que 2020 no fue un buen año para la política climática internacional, pues la COP26 fue aplazada a causa de la pandemia. En ella se abordarían detalles del Acuerdo de París y el catálogo de su instrumentación, pues hay aspectos controversiales como el financiamiento climático y los mecanismos de mercado, los cuales deben tener un enfoque de derechos humanos para así evitar que los Estados aprovechen brechas para no reducir sus emisiones.

Otro punto relevante de cara a la COP26 es el concerniente al fortalecimiento de la cooperación multilateral, pues durante la Conferencia de las Partes, se establecen alianzas para empujar las negociaciones, “la política climática internacional solamente se puede dar si hay alianzas amplias de distintos actores” y cita como ejemplo a la Unión Europea (UE), quien puede ser un actor importante al crear sinergias con otros países con miras al cumplimiento de los objetivos de París a través de su Green New Deal.

Para ello destaca la labor de la FES donde se orientan actividades para diseñar la política climática internacional de forma justa y también a través de la integración de los sindicatos, activistas de derechos humanos y climáticos, pues “aún cuando no estén sentados en la mesa, tienen que tener voz para asegurar que los acuerdos globales se diseñen también con base en los derechos humanos y conforme a la protección climática”.

Señala también que, para enfrentar la crisis derivada de la pandemia, hay que contemplar los paquetes de inversión, pero “urge poner atención a que este apoyo debe diseñarse y basarse en los criterios de sustentabilidad establecidos en el Acuerdo de París”, sobre todo al considerar los montos financieros que se movilizan.

Agrega que otros temas a debatir desde el Acuerdo de París son los derechos humanos como eje de las acciones propuestas y los daños provocados por aspectos climáticos, sobre este último rubro precisa que faltan acciones a favor de los países insulares, los cuales han sido gravemente afectados por el incremento en la subida del mar.

Con miras al futuro cercano, invita a generar mayor solidaridad internacional para una política climática progresista. Desde la UE ”tenemos que hacer nuestra tarea… nosotros que tenemos medios técnicos y financieros, tenemos que dar más que aquellos que están en desventaja”, puntualiza.

La fecha límite para dar un incremento ambicioso a las metas climáticas es el 31 de diciembre de este año, los planes de protección climática nacional forman parte esencial de la política climática internacional. “Todavía todo es posible. Pero mientras más esperamos y mientras más lento reaccionemos, más difícil va a ser lograr la meta de 1.5 o 2 grados”.

El Green New Deal en Europa: trayecto a la sustentabilidad

En su intervención, Delara Burkhardtcontextualiza que desde 2019 existió un cambio de paradigma en la democracia social que se orientó a enfrentar el cambio climático, pues en Europa del Este los partidos verdes consiguieron más representatividad en un parlamento donde hay una mayoría progresista, esto se reflejó en el Green New Deal, el modelo europeo para el desarrollo sustentable social y ecológico, que también considera la recuperación económica después de la actual crisis derivada de la COVID-19.

Destaca que el Green New Deal no solamente se trata de la política climática, sino de la protección de la biodiversidad y la recuperación de ecosistemas, además de la economía circular y de las actividades agrícolas. Para abordar este cambio ecológico considerara importante ofrecer un acompañamiento estructural a partir de instrumentos concretos como el Fondo de Transición Justa que se encarga de que las regiones con mayores esfuerzos en Europa reciban un apoyo financiero.

Si bien señala que el Green New Deal no es un programa terminado, acota que se trata de diferentes medidas desde distintas áreas, como la transición energética o la economía circular, para ser llevadas a cabo en la política.

Sobre la arquitectura del convenio de París, precisa que los Estados pueden decidir independientemente cuanto quieran aportar para lograr 1.5°C o 2°C. A partir de la revisión de cada 5 años, los países miembro tienen que presentar nuevos planes. Por su parte, la UE originalmente definió su meta climática para reducir sus emisiones de gases de invernadero un 40 %, pero como región industrializada, la revisión de estas metas acordadas para 2020 y las negociaciones en torno a la Ley Climática, permitieron el incremento de la ambición de 40 a 55 %.

“De acuerdo a datos científicos no solamente son necesarios, sino también realistas, siempre y cuando exista un acompañamiento político. Si bien el Green New Deal es el trayecto a la sustentabilidad, la UE no puede salvar el clima global ella sola, tiene que motivar a otras regiones y otros países para ser más ambiciosos, porque al final de cuenta todos vamos a ganar”.

También señala que los límites y los estándares de compensación de CO2 se encuentran en el debate dentro de la UE, pues si bien hay mucha necesidad de actuar a partir del sentido de responsabilidad por asumir que parte de la crisis socio ecológica se deriva de los modelos de producción, las cadenas de suministro, las relaciones con las empresas europeas e institutos financieros, también es importante mantener la economía y proteger los empleos ante una competencia desleal.

Sobre los alcances de la política climática a nivel mundial, señala que la UE puede llegar a ser neutral hasta el 2050 y que, de regresar al Acuerdo de París, Estados Unidos puede unirse a los esfuerzos de Canadá, Sudáfrica y China para reducir en 60 % las emisiones de GEI a nivel global.

Teniendo en consideración que el Acuerdo de París no prevé sanciones por ausencia de propuestas de un país, o si un Estado incumple con las metas, la UE y el Green New Deal representan un esfuerzo de ambición climática y de trabajo en conjunto, pues de acuerdo al Climate Action Tracker, de implementar estos planes, se pueden alcanzar los 1.5 °C.

 “Cada centésimo grado es muy importante…Si bien con la crisis de coronavirus se movilizaron grandes cantidades de dinero, es necesario ubicar que no en todas partes del mundo se puede y por lo tanto se trata de solidaridad. Si mantenemos los estándares podemos lograr mucho”, puntualiza.

Para Delara, en Europa la pandemia también generó una mayor responsabilidad del Estado para fijar las condiciones marco, especialmente en el financiamiento de sistemas de seguridad social, pues las personas más afectadas no son las mismas que contribuyen más a las emisiones de contaminantes que causan el incremento en la temperatura del planeta.

Agrega que lo anterior debe expresarse de manera muy clara en las negociaciones climáticas, pues siempre ha sido más lucrativo mantener un modelo que se basa en explotar tanto a los humanos como la naturaleza, que cambiarlo. También especifica que conseguir el incremento en la ambición climática se logrará articulando redes parlamentarias junto a movimientos sociales, haciendo que “la presión de la población civil sea tan fuerte que tenga un impacto sobre la política”.

Finalmente hace un llamado a que los procesos de cadenas de suministro no provoquen más daños en las comunidades indígenas ni sean causante del incremento de la deforestación, e invita a cuestionar la forma en la que nos transportamos en vías de una movilidad sustentable, pues si bien existen reglamentos para las emisiones en ese rubro, aún falta instrumentar su cumplimiento, argumentado que el derecho ambiental europeo se tiene que trasladar a la legislación nacional de todos los países de la UE y a nivel global.

Cambio climático y justicia social desde el contexto de América Latina

Rodrigo Echecopar refiere que América Latina está sufriendo mucho por el calentamiento global y por los efectos desastrosos de la desaparición de los glaciares en la Región Andina, los huracanes en Centroamérica, los incendios forestales en la Amazonía (no por razones naturales sino económicas y de explotación) y las sequías en Chile y Argentina.

“Hemos tenido un 2020 en donde la emergencia climática no solamente es algo en el futuro, una amenaza, sino que es parte de nuestro presente, es parte de nuestras vidas”.

Y es que 2020 no sólo reflejó la emergencia sanitaria, sino que se convirtió en una emergencia social en América Latina. La CEPAL calcula que los desocupados aumentarían en 44 millones de personas mientras que la pobreza ascendería descomunalmente: “estamos hablando de un continente en donde de un año a otro vamos a tener 45 millones de nuevos pobres”.

Economía y acción climática: el centro de las negociaciones en la COP

Un tema modular en las Conferencias de las Partes es el que refiere a las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, pues muchos países plantean la necesidad de poder desarrollarse primero y después tener un compromiso de carácter climático, generando así una dicotomía entre crecimiento económico y acción climática.

Debido a que la emergencia climática pone en riesgo a muchos ecosistemas del planeta, al generar catástrofes naturales, hambrunas y migraciones masivas forzadas, Echecopar plantea una óptica con enfoque en lo social que comprenda los derechos humanos de las comunidades y visualice el desempleo, la pobreza y la economía, ya que lo anterior se presenta en un marco relacionado con la crisis del modelo neoliberal, la mercantilización extrema de los espacios de la vida de las personas y el incremento en las desigualdades.

Por otro lado, refiere la relación al interior de las comunidades políticas, pues en el continente Americano, el crecimiento del populismo autoritario y conservador, que está en contra del multilateralismo, tiende a negar la misma emergencia climática, como lo sucedido con Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y Kast en Chile.

Para enfrentar esa adversa realidad, plantea generar una amplia alianza que incluya sectores ambientalistas, comunidades indígenas, juventudes activistas, trabajadores, movimientos feministas, diversidades sexuales, y así traducir la acción climática no sólo en reducción de GEI, sino también trasladarla a una transformación de un modelo de desarrollo que acentúa desigualdades y niega derechos.

Lo anterior se vería complementado con la ruptura en las funciones que ha asumido el Estado, pues es necesario que salga del estrecho margen acotado a corregir las fallas de mercado, para asumir la garantía de servicios básicos mínimos, construcción de mercados más innovadores, más verdes y con mejores empleos.

Con esas bases se originó Nuestra América Verde, un movimiento encabezado por Rodrigo Echecopar que representa una red de innovación política en la región donde se reúnen liderazgos políticos, académicos y activistas sociales, cuya propuesta es unir en un matrimonio indisoluble la acción climática con la justicia social a través de 4 elementos: el plan de recuperación económica con justicia ambiental y social, la cooperación tributaria, la desmilitarización y la defensa de pueblos originarios.

Pues generar un nuevo pacto entre el Norte Global y el Sur Global, de carácter más profundo y que asuma las profundas desigualdades, implica abordar temas como las transferencias de tecnología capaces de desarrollar industrias, acabar con los paraísos fiscales y asumir que los pueblos originarios y comunidades en América Latina se encuentran vulneradas por el contexto global pero también desde sus propios territorios, al ubicarse en la región con más asesinatos de activistas ambientales en el mundo.

Si bien el Fondo Verde, generado tras las negociaciones en la COP representa un paso, “no es suficiente para hacernos cargo de las responsabilidades diferenciadas”, detalla.

Para que la unidad latinoamericana se fructífera, es importante llegar a la COP26 con una agenda colectiva de propósitos concretos de acción climática y mejora de bienestar social. El paso siguiente sería un planteamiento sobre los recursos y su inversión en una Transformación Social-Ecológica con miras en la transición justa, pues “la acción climática no es contraria al bienestar social, sino que por el contrario, es una condición necesaria para el bienestar social”.

Echecopar comparte que actualmente la iniciativa Nuestra América Verde, está dialogando con 30 legisladores de América Latina de distintos países para construir una alianza en donde la narrativa de cooperación regional y de acción climática sea a favor de las y los trabajadores mediante la integración de diversos sectores sociales.

Un nuevo pacto con el Norte Global

Para salir de la dependencia de energía e industrias extractivas, se requiere de un nuevo trato con el Norte Global que impulse la transferencia tecnológica y las políticas industriales, pues históricamente el Sur Global se encuentra anclado a economías extractivas y transformar necesita de un trabajo profundo de parte de los Estados.

Echecopar destaca la necesidad de construir una amplia alianza capaz de cambiar el esquema internacional que ha beneficiado a corporaciones privadas y algunos pocos países, a costa del propio crecimiento en América Latina, pues de acuerdo a investigaciones de Manuel Alcántara Sáez, en la región se pierden al menos 30 mil millones de dólares al año en fugas hacia paraísos fiscales.

Y cita el ejemplo de Chile, su país de origen, donde el gobierno trata de dar la impresión de estar comprometido con una transformación socioecológica, pero en la práctica se niega a formar parte de los acuerdos que permitan construir las primeras líneas de defensa contra el extractivismo desmedido.

Detalla que la capacidad de generar sinergias en la región, actualmente se refleja en el tratado sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú, donde además de incentivar la injerencia de comunidades en toma de decisiones ambientales, también se defiende a las y los activistas medioambientales en la región señalada por contar con los mayores índices de asesinatos de defensores del territorio.

Finalmente, precisa que el rol de Europa será fundamental al ser uno de los ejes, a nivel internacional, con mayor compromiso con la agenda climática y de la sustentabilidad por su capacidad de modificar estructuras profundas de poder a nivel global, para así avanzar hacia un campo de un nuevo entendimiento de las relaciones internacionales.