Nombre de la experiencia

Conflicto socioambiental: Barcazas contaminantes en Puerto Viejo de Azua

Ubicación

Puerto de Azua

Breve descripción de la experiencia

Mediante la Licencia Ambiental emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se autorizó la instalación de dos barcazas para la generación de 178 megavatios de energía en Puerto Viejo de Azua, República Dominicana. La instalación de las barcazas entra en disputa con el aprovechamiento de bienes y servicios de la biodiversidad en una zona con dos parques nacionales y un refugio de vida silvestre. FES República Dominicana ha publicado un estudio que aporta un análisis crítico sobre las incidencias socioambientales y que, al mismo tiempo, permita fortalecer los movimientos de la sociedad civil que se oponen al proyecto. 

Organizaciones que la desarrollan

Imágenes descriptivas

Materiales Multimedia

BARCAZAS CONTAMINANTES EN PUERTO VIEJO DE AZUA

BARCAZAS CONTAMINANTES EN PUERTO VIEJO DE AZUA

Energía que destruye vidas y esperanzas

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Áreas temáticas que abarca

Justicia ambiental, social y de género

Descripción exhaustiva

El conflicto en Puerto Viejo de Azua surgió de la decisión del Gobierno de otorgar a la empresa Karadeniz Powership la instalación de barcazas para la generación de energía eléctrica en la cercanía de dos parques nacionales y un refugio de vida silvestre. La energía se pretende utilizar para la generación de uno de los combustibles más contaminantes y peligrosos, el combustóleo conocido como Búnker 6. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha emitido la licencia ambiental obviando los serios daños ambientales, económicos y sociales que esto genera, estando en contra de su propio mandato institucional y dando la espalda a los intereses de la gente. Las barcazas y sus sistemas de generación eléctrica constituyen una de las fuentes más elevadas de contaminación. Otras barcazas, como la del río Ozama que contamina 15 veces por encima de lo normal, utilizan motores similares a las de barcos que se instalan en un lugar fijo, a diferencia de las embarcaciones que se encuentran movilizándose en el mar y se anclan por muy poco tiempo a tierra. Por otro lado, las barcazas podrían operar a base de gas natural, pero la experiencia demuestra que operan principalmente con diésel u otro combustible “debido a la ausencia de suministro de gas natural”. En el caso de Azua, la contaminación podría ser aún más grave porque podrá afectar tres áreas protegidas, actividades productivas, turismo y la salud de la población. En la zona donde se pretenden instalar las barcazas convergen tres áreas protegidas, amparadas legalmente: el Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño, el Parque Nacional Sierra Martín García y el Refugio de Vida Silvestre Manglares de Puerto Viejo. Esta área es considerada una laguna en el mar, protegida por un rompeolas natural, genera un ambiente de aguas serenas y en su centro cuenta con islotes, caños, manglares y praderas marinas; además, crea un ambiente de mar, alimentado por los ríos Jura, Tábara y aguas subterráneas. El mar, las playas, la costa, los manglares y el valle de Azua constituyen fuentes de vida para miles de personas de Azua y la región Sur, en forma directa e, indirectamente, para todo el país. A iniciativa del movimiento campesino, y respaldado por entidades comerciales, ambientalistas y de sociedad civil, se ha identificado como una gran oportunidad que el puerto sea reclasificado y convertido en un puerto limpio enfocado al desarrollo agropecuario y ecoturístico. Aunque las decisiones del Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno van en vía contraria a esta esperanza. En la publicación de la FES, se documentan las vulneraciones a los preceptos jurídicos que violenta el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, contradiciendo su misión de ser el principal garante de los derechos ambientales y la preservación del ambiente natural para la sostenibilidad de todas las formas de vida. Se espera que el proyecto de las barcazas no se concrete como resultado de la creciente presión social y jurídica, impulsada por las organizaciones, ciudadanía e instituciones locales, regionales y nacionales que proponen el uso sostenible de los ecosistemas marinos y terrestres, armonizando el uso productivo con la necesidad de protegerlo, garantizando así los medios de vida de la población presente y hacia el porvenir.

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