América Latina y el coronavirus: un choque anunciado y no prevenido

Por Alicia Puyana Mutis

No se han resanado los efectos de la crisis del 2008 en el ritmo de expansión del producto interno bruto (PIB), como es evidente en la Gráfica N° 1 y en la tabla que la acompaña: las tasas de crecimiento promedio de México entre 1960 y 1981 fueron casi siete veces superiores a las registradas entre 1982 y 2019, mientras que en América Latina lo fueron cuatro veces, de lo cual se colige que México sufrió un colapso mayor que el promedio regional. 

Lo grave para América Latina y México es que la caída predicha por el FMI, para los años 2020 y 2021, será la mayor registrada desde 1965, y más severa para México que para la región. Las explicaciones sobre el impacto diferencial en México varían, pero parece haber consenso en torno a la mayor dependencia de Estados Unidos, una estructura productiva con mayor contenido importado, así como unas exportaciones más centradas en la subcontratación y en un solo mercado de destino (Estados Unidos capta cerca del 80% del total exportado por México). Grave es también que la pandemia intensificará los males endémicos de la región: pobreza, desigualdad, discriminación, y desprotección y depreciación del trabajo. 

Los efectos de ese retroceso en la dinámica de la expansión económica se reflejan en tres ámbitos. Primero, en la fractura productiva, ilustrada en el lento avance en la generación de valor agregado y empleo de las manufacturas, la agricultura y la minería, no obstante los estímulos dados a este último sector. Segundo, en el abultamiento del sector servicios, convertido de facto en la reserva laboral que mantiene los salarios a la baja; y tercero, en la expansión de la informalidad. Todo ello repercute en el dualismo productivo, es decir, en la coexistencia de un reducido número de establecimientos de elevada productividad, poco empleo y alta tecnología, orientados a las exportaciones, con un amplio abanico de medianas,  pequeñas y micro empresas, de reducida productividad, baja tecnología, y mínimos salarios.

Todo lo anterior se sintetiza en dos fenómenos característicos de los países del sur global, y muy notables en América Latina: por una parte, el deterioro salarial, es decir, el deterioro de los ingresos de entre el 60% y el 75% de los hogares, cuya única o casi única fuente de ingresos es el ingreso laboral; por otra, el retroceso de las retribuciones al trabajo y el avance concomitante de las ganancias de capital en la distribución del ingreso. Esta trayectoria, generalizada en prácticamente todo el mundo a partir de 1975, ha sido más marcada en América Latina. En México, el país con el mayor descenso en la participación de los ingresos laborales en el PIB, entre 1970 y 2019 la caída fue de casi 10%; seguido de Colombia, Chile y Estados Unidos, entre otros, en los que el descenso fue un 50% menor. Se trata de un efecto de la liberalización de la economía en general, y del modelo exportador en particular: en este modelo, los salarios pasaron a ser únicamente un costo productivo que debe reducirse para competir en el mercado global. Se les abandonó como fundamento de la demanda agregada y base de la acumulación de capital, la cual se finca ahora en los mercados externos y en las utilidades de las actividades financieras, es decir, la especulación en bolsa. En tal escenario, no es de extrañar que las inversiones por trabajador se hayan estancado, y que en algunos países latinoamericanos no hayan superado a las registradas en 1981. Esto es señal de rezago tecnológico, y causa de la pérdida de parte del mercado nacional por la penetración de las importaciones, del avance del contenido importado en la producción para exportar y de la reducción del peso de América Latina en el mercado mundial, no obstante el avance relativo de las exportaciones.

El deterioro salarial refleja también los efectos de la pérdida de capacidad negociadora del trabajo, que es el saldo buscado por las políticas de liberalización y flexibilización del mercado laboral. Esto ha significado el desmantelamiento de las políticas de protección al trabajo, ganadas poco a poco por los trabajadores desde finales del siglo XIX, y en especial a partir de la Segunda Guerra Mundial y del establecimiento del Estado de bienestar como eje central del desarrollo económico, vigente hasta la contrarrevolución de Reagan y Thatcher. A casi medio siglo, el resultado de esa contrarrevolución es que las economías, tanto desarrolladas como en desarrollo, presentan bajas tasas de crecimiento del PIB y de la productividad, así como una intensificación de la desigualdad a grados que se consideraban impensables en los países industrializados. El discurso neoliberal planteaba que la desigualdad se superaría como efecto automático del crecimiento, de acuerdo con la famosa y probadamente falaz teoría de la U invertida de Kuznets. Hoy, los organismos multilaterales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Europea para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entre otros) reconocen que en la raíz del lento crecimiento económico mundial de los últimos 40 años están la concentración de la riqueza y el capital, y el empobrecimiento de los trabajadores, todo ello producto de la pérdida de fuerza negociadora del trabajo y, por tal motivo, piden restablecer los sindicatos verdaderamente laborales.

El cuadro anterior se refleja en la permanencia de la pobreza y en la sostenida desigualdad latinoamericana, la mayor de todas las regiones del mundo. La desigualdad se ha vuelto tan estructural que no cedió ni siquiera en los periodos de expansión económica (1994-1997 y 2003-2007), y el “goteo” no la redujo ni relevante ni permanentemente.

Otro resultado de la liberalización es el deterioro de todos los servicios. En algunos –salud, educación, seguridad social– se extendió la cobertura, pero no así la calidad, lo que genera mayor desigualdad. La erupción de la pandemia hizo evidente este cuadro: los hospitales públicos no estaban preparados, y carecían tanto de personal como del equipo más básico para la contingencia; no se diga del instrumental especializado en epidemias respiratorias o del que se requiere en las unidades de cuidados intensivos. Los efectos de la introducción de criterios de mercado y de hacer competir al sistema de salud público con el privado se mostraron con toda claridad en las experiencias del Reino Unido y Alemania. Dado el menor desarrollo de la seguridad social y de la atención médica en la región, los estragos son mayores y más dramáticos en América Latina, región que a inicios de julio presenta el mayor incremento de casos, así como altas tasas de mortalidad (fallecidos por cada cien mil habitantes) y letalidad (porcentaje de contagiados que fallecen a causa de la enfermedad). Dado que los países se encuentran en diferentes etapas de la pandemia, es difícil predecir cuáles serán su intensidad final, su extensión, y el daño social acumulado.

Es notoria la diversidad de respuestas dadas en la región para detener el contagio, salvar vidas y adecuar las instalaciones sanitarias. Mientras algunos países (Chile, Ecuador, Perú, Colombia) usan la fuerza pública, otros (México) tratan de convencer a la sociedad de guardar la sana distancia como un asunto de responsabilidad personal. Para todos los gobiernos resulta difícil resolver clara y adecuadamente la falsa dicotomía de salvar vidas o proteger la economía. Dadas las condiciones de pobreza y precariedad, el cierre total de la actividad económica es imposible: si paralizar la economía implica pérdidas millonarias de empleos e ingresos en sociedades relativamente prósperas, resulta simplemente impracticable en un contexto en el que amplios segmentos de la población se encuentran en pobreza absoluta, con ingresos insuficientes para satisfacer incluso necesidades básicas como alimentación y salud. Por otra parte, hay una presión constante de los industriales en exigencia de la apertura inmediata y la reactivación de la economía.

La crisis económica actual no sólo es la más severa en décadas, sino que fue “decretada” y se gestó de manera inmediata por las medidas implementadas para contener la propagación de la pandemia. En estos y otros sentidos difiere de todas las crisis económicas anteriores, así como de las crisis desatadas por las guerras mundiales. En estas últimas, hubo destrucción masiva de la infraestructura productiva, vial y residencial, además de la conversión de la economía civil a militar; pero la reconstrucción de posguerra fue un catalizador del crecimiento económico, así como del cambio técnico y social. En esta oportunidad, la infraestructura está intacta, en espera de la luz verde para comenzar a producir y recuperar el tiempo perdido (y las utilidades no devengadas). El capital no se ha destruido; los empleos y los salarios, sí. La pregunta es si los desempleados retornarán a sus empleos y salarios, o si serán reemplazados por otros más jóvenes con un menor salario.

Entre tantas incógnitas,  es claro que la pandemia tiene mucho que ver con el modelo de crecimiento basado tanto en el consumo conspicuo y devastador de  la naturaleza, como en una lacerante desigualdad en la cual unos viven en la opulencia mientras otros apenas sobreviven. Se debate sobre el futuro patrón de desarrollo mundial. La gran mayoría de las personas opina que se debe cambiar hacia uno de mayor equidad social, protección al trabajo y la naturaleza; que abata el hambre, la contaminación, la destrucción de las selvas, bosques, ríos y mares. Pero las fuerzas reales parecen indicar que las mismas grandes corporaciones que han dominado el mercado mundial de bienes y servicios están aprovechando el momento para fundirse, asociarse, en suma, para ganar poder mientras los trabajadores pierden sus ingresos, y la pandemia afecta mortalmente a los trabajadores de ingresos medios y bajos, a las minorías sociales, los grupos étnicos originarios, los pobres.