Desarrollo y megaproyectos: sus impactos y consecuencias en México

Las actividades extractivas como la minería y los grandes megaproyectos de infraestructura, planteados como proyectos de desarrollo en los territorios, impactan en las comunidades y afectan sus medios de vida, a la par que el cambio climático se suma como un factor en contra.

“¿Qué tipo de desarrollo queremos para México?” es el nombre del segundo seminario web de la serie Diálogos por la Transformación, realizado el 10 de julio, que abordó el concepto de desarrollo y cómo éste se relaciona con el extractivismo y los megaproyectos en México así como sus posibles repercusiones ambientales. 

Para pensar en conjunto sobre la posibilidad de un desarrollo no basado en el extractivismo, el panel estuvo integrado por cuatro mujeres: la profesora investigadora  de la UAM-Xochimilco Aleida Azamar, la abogada ambientalista Anaid Velasco del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la socióloga Isabel Clavijo de la organización PODER y la diputada federal Beatriz Silvia Robles del partido Morena, además de contar con la moderación de Mariana Blanco del Proyecto de Transformación Social Ecológica.

Megaproyectos ¿discurso contradictorio?

En su presentación la profesora Aleida Azamar, expresó que el potencial extractivo y la histórica flexibilidad legislativa para atraer inversión en diversos sectores de América Latina, han generado la imposición de modelos productivos en la región. Los proyectos y megaproyectos se han intensificado por el crecimiento de la esfera especulativa y por la internacionalización de las cadenas productivas. Aunado a ello, los cambios políticos en el mundo han modificado la ruta económica de los gobiernos de izquierda y derecha.

Explica que hay 2 tipos de megaproyectos: de infraestructura y extractivos; los primeros, se refieren a instalaciones que facilitan la capacidad operativa del país y mejoran las condiciones de vida de la población, como carreteras y hospitales; los segundos, se caracterizan por estar enfocados en la explotación de la naturaleza y en favorecer el desarrollo de economías con enclaves, pero no en fomentar cadenas productivas regionales.

México destaca por tener un gran número de proyectos extractivos mineros, petroleros y energéticos que debilitan su soberanía al ceder casi de forma absoluta el control territorial de grandes espacios a empresas por períodos que van desde 30 hasta 100 años, dependiendo del tipo de concesiones.

En la actualidad el gobierno de México tiene en su agenda mil 600 proyectos y megaproyectos a realizarse. Por sus impactos ambientales destacan: el aeropuerto, el tren maya, el corredor transístmico y la refinería. Para su realización, “el Estado asumió una posición compleja y se saltó controles normativos para garantizar la conclusión de estas obras durante este sexenio”, destaca.

De acuerdo con la Ley de transición energética, estos proyectos deberían de carecer de sustento legal pues utilizan combustibles fósiles como carbón, petróleo y combustóleo. A pesar de la controversia, la especialista, destaca que los megaproyectos son esenciales para el desarrollo nacional, estimando que al menos un tercio de la diferencia de crecimiento entre América Latina y Asia- Oriente, durante las décadas de los 80 y los 90, se debe al enfoque de gasto en infraestructura social y materia económica.

Y agrega que, en los últimos 16 años, es decir, antes de este nuevo gobierno, únicamente el 12% de los proyectos y megaproyectos estaban destinados para infraestructura social, mientras que el 70 % estaba enfocado en las condiciones industriales y productivas.

El desarrollo tiene que ser sostenible, pero tiene que irse abarcando poco a poco

De acuerdo a la diputada Beatriz Robles, secretaria de la comisión de Relaciones Exteriores, el proyecto de desarrollo sostenible, impulsado por Naciones Unidas, busca que los países combatan las desigualdades económicas, educativas y sanitarias. Dicho esquema, aplicado en países como México, revela que los huecos en materia económica y ecológica, son los grandes retos a superar en el presente sexenio.

“El tránsito a todo tipo de desarrollo no puede ser inmediato, en todos los proyectos o megaproyectos de infraestructura se deben de sopesar los beneficios y efectos adversos que pudieran tener”.

Especifica que, en las administraciones pasadas, 60 % del territorio se entregó a proyectos extractivos, sin ninguna consulta a las comunidades de las regiones, vulnerando sus derechos y agudizando la desigualdad y la pobreza. Y agrega que este gobierno no ha dado una sola concesión a proyectos mineros o extractivos.

Señala también que, en los últimos años, las acciones colectivas por parte de las comunidades locales y de organizaciones de la sociedad civil en América Latina y el Caribe, han buscado incidir en la gestión territorial bajo parámetros de mayor sostenibilidad ambiental, inclusión social y un enfoque de derechos humanos.

Así fue como el Acuerdo de Escazú se adoptó en Costa Rica el 4 de marzo de 2018, materializando el primer pacto regional en materia de justicia ambiental, derechos de acceso a la información y fomento a la participación pública. Para que entre en vigor se requiere de 11 ratificaciones. Hasta ahora sólo 9 países de los 22 involucrados lo han hecho.  El papel de los congresistas en México es esencial para validarlo pues aún no se ha concluido su ratificación.

“La implementación de dicho acuerdo representa un avance clave para la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la reducción de los conflictos socioambientales, fortaleciendo las políticas ambientales a través de la transparencia y el acceso a la justicia”, precisa.

¿Cómo conservar la riqueza genética, la abundancia de especies y los ecosistemas?

Para Anaid Velasco, Coordinadora del Área de Investigación del CEMDA, la responsabilidad que tiene México en definir estrategias para conservar su biodiversidad, destacada a nivel mundial, se enfrenta a megaproyectos y actividades extractivas caracterizadas por ser devastadoras en materia ambiental.

Ubica que el deterioro de biodiversidad está asociado con 5 causalidades: pérdida de hábitats, contaminación, presencia de especies invasoras, tráfico de especies y cambio climático.

La panelista, especifica que la actividad minera es de las más riesgosas al generar una gran contaminación, impactar el suelo y a los cuerpos de agua, contribuyendo con la pérdida del hábitat, mismo que también se ve afectado por la deforestación a causa de las grandes cantidades de superficie ocupadas por los megaproyectos.

Lo anterior repercute directamente en las especies: en 2018, el Centro de Diversidad Biológica identificó 10 especies que estaban en riesgo, entre ellas, la mariposa monarca a causa de la deforestación en su hábitat; el jaguar, amenazado por la infraestructura carretera en el corredor biológico donde habita; y la vaquita marina, en riesgo por la pesca incidental.

Sobre la perspectiva antropocentrista y la forma en la que la vulnerabilidad se visibilizó durante la emergencia sanitaria, Velasco puntualiza que se ha hecho un llamado a efectuar políticas públicas congruentes. “El modelo de desarrollo nos ha dejado en un estado de franca fragilidad ante un virus que es mínimo, con una capacidad impresionante de mermar sistemas sociales, ambientales y económicos”, agrega.

Sobre el tipo de desarrollo que privilegia fuentes fósiles, manifiesta su preocupación al argumentar que, si bien se adaptó en otra época y bajo otro contexto, ahora ya no es funcional. Sim embargo, reconoce que hay un gran sector de la población en México que depende de actividades petroleras. “Hablar de una transición energética también incluye generar alternativas para que de manera paulatina todas las personas que viven de una fuente fósil no se queden sin empleo”, suscribe.

Ordenamiento territorial e intervención del Estado

En su intervención, Isabel Clavijo Flórez, socióloga del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación PODER, reflexiona sobre el papel del Estado en la toma de decisiones sobre proyectos y megaproyectos, al ser actividades de interés público que impactan el territorio, la economía, los ecosistemas y las interacciones socioculturales.

“Cuando una élite económica toma decisiones en materia de política pública para beneficio privado por encima del bienestar, puede interferir en la delimitación de áreas naturales protegidas o en el sistema judicial”.

Este tipo de prácticas ocasiona que el ordenamiento territorial esté trazado por intereses privados, en donde las empresas adquieren competencias en materia administrativa para tomar decisiones sobre fuentes de agua, estrategias de conservación y protección ambiental; dinámicas de empleo, acceso a la vivienda, cambios de uso de suelo y por ende, en la producción agropecuaria, con repercusión en la seguridad alimentaria a nivel regional.

Asimismo, la experta destaca la importancia de que las autoridades ejerzan su rol como garantes de derechos, tomando como ejemplo los proyectos mineros en la Sierra Norte de Puebla y Sonora, donde las organizaciones sociales y comunitarias han asumido un rol técnico para demostrar los desequilibrios ecológicos, contrario a lo afirmado en las manifestaciones de impacto ambiental.

Agrega también que el común denominador del extractivismo es la generación de conflictos territoriales a partir de la fragmentación comunitaria, comprometiendo así, la situación de seguridad de las y los miembros de las organizaciones comunitarias que están en proceso de defensa de los territorios.

Precisa que, durante 2019, 21 defensoras y defensores de derechos humanos fueron asesinados en el país y en lo que va de confinamiento, se ha denunciado el asesinato de 4 defensores de derechos humanos.

Corredor transístmico y tren maya

El gobierno ha decidido apostar por la región sur del país, ya que es un polo profundamente marginado, con un enorme potencial económico y social.

Sobre el polémico tren maya, Aleida Azamar destaca que su impacto se verá reflejado en 44 municipios y 64 localidades. Su presupuesto original era de 144 mil millones de pesos, pero para poder completarlo en el tiempo previsto, se requieren más de 20 mil millones de pesos de inversión, por lo que “no va a ser suficiente el dinero que se está destinando por año para poder terminar el proyecto”. Cuando esto pasa, no se suelen sanear los impactos, aumentando los costos marginales previstos.

De acuerdo a la diputada Beatriz Robles, el tren maya generará 945 mil empleos antes del 2030, mientras que para 2020 brindará 80 mil nuevos empleos. El impacto económico será de 2.1 billones de pesos cuando esté funcionando, brindando fuentes de trabajo para 46 % de las comunidades de pueblos originarios.

Para Isabel Clavijo, la controversia del tren maya radica en que está siendo justificado como un proyecto integral de ordenamiento territorial, aunque estará enfocado principalmente al transporte de carga de combustibles en una región en donde la producción de gas natural es considerada estratégica.

En México existen procesos organizativos, históricos, campesinos e indígenas. La región del Istmo está habitada por 10 pueblos indígenas con un total aproximado de 100 mil habitantes indígenas. Actualmente las mujeres indígenas y afrodescendientes han elaborado una propuesta para pensar en la región como un corredor biológico, que contempla las dimensiones de salud, proyectos económicos, de seguridad alimentaria y de cuidado colectivo.

Materia legislativa

Para Anaid Velasco, es importante reconocer los instrumentos que podrían contrarrestar los impactos de los megaproyectos. Uno de ellos es el ordenamiento ecológico del territorio que, a partir de la vocación de suelo, determina qué actividades se pueden hacer y cuáles no.

“Si se aplicara correctamente, por ejemplo, cualquier permiso, cualquier autorización, cualquier concesión no sólo del sector ambiental, sino en toda la administración pública, tendrían que contemplar el ordenamiento ecológico”.

Por su parte, el área de oportunidad en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental puede considerar las externalidades de los proyectos pues, aunque contempla el impacto en especies y ecosistemas, no considera la pérdida de servicios ecosistémicos ni especifica lineamientos de cambio climático, es decir, si después de la obra o actividad, el ecosistema quedará vulnerable o si será resiliente.

Señala también que las normas oficiales mexicanas no han sido actualizadas desde hace más de 8 años, cuando por ley se tendría que actualizar cada cinco años, como la NOM 59, que contiene el listado de especies en riesgo.

Defender los derechos de la naturaleza y fortalecer los procesos productivos de las comunidades: las alternativas

Limitar el enfoque economicista y el extractivismo, abandonar proyectos que intensifiquen el uso de combustibles fósiles y fortalecer los derechos de las comunidades originarias, podría orientar el desarrollo a un escenario más sustentable.

Combinar los procesos industriales y administrativos con apertura a los cambios tecnológicos y las nuevas exigencias sociales y medioambientales, debe garantizar el bienestar generalizado y no únicamente del 1% de la población.

Validar el conocimiento científico, la investigación e innovación, junto a la incorporación de los saberes y conocimientos locales. Transparentar los procesos de consulta y visibilizar la importancia del consentimiento de las comunidades y que sean ellas mismas las que elaboren proyectos centrados en los componentes del ordenamiento territorial, del abastecimiento alimentario, de vivienda, educación e infraestructura básica, fueron algunas propuestas de las panelistas ante los conflictos derivados de la implementación de los proyectos y megaproyectos en los territorios de México.