La emergencia por el COVID-19 es la punta del iceberg de una crisis sistémica

Los impactos del COVID-19 exacerban la peligrosa mezcla de una emergencia sanitaria y un colapso económico en la región. Tanto los sistemas de salud  como los sistemas  económicos de la mayoría de los países, lucen débiles para afrontar los efectos de la pandemia. Las exiguas inversiones públicas sanitarias, los estrechos márgenes fiscales, la dependencia de la exportación de materias primas, así como la predominancia del empleo informal, sitúan contra la pared a los países de la región

Para superar la crisis y no volver a la “vieja normalidad”, se requieren decisiones extraordinarias ante eventos extraordinarios. Esa es la principal conclusión del conversatorio América Latina: ¿emergencia sanitaria o crisis sistémica?, auspiciado por el Proyecto Transformación Social-Ecológica en América Latina de la Fundación Friedrich Ebert. El panel forma parte del ciclo de Wébinar ¿Y después de la emergencia qué?,  programados para los meses de abril y mayo.

El foro se realizó el lunes 27 de abril y contó con las intervenciones de Jeannette Sánchez (Directora de la División de Recursos Naturales de la CEPAL), Alejandro Chanona (Profesor-Investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  de la Universidad Nacional Autónoma de México), y Antonina Ivanova (Profesora-Investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur). La moderación estuvo a cargo de Mariana Blanco (Coordinadora de Programas del Proyecto FES Transformación).

Latinoamérica se enfrenta a una crisis que la obliga a una mayor autosuficiencia regional

Jeannette Sánchez señaló que la región está menos preparada para atender la emergencia sanitaria y la recesión económica que cuando enfrentó la crisis financiera mundial de 2008.  Esta es la peor crisis vista en el mundo desde la recesión de los años treinta del siglo XX. Para América Latina los efectos serán severos. La CEPAL estima  que en 2020 la región podría reportar una contracción económica de al menos 5.3% del PIB, una de cada tres personas de la población económicamente activa perdería su empleo, mientras que unas 30 millones de personas se agregarían a la población en pobreza. Los reducidos márgenes de maniobra fiscal y monetaria,  complican  en el corto plazo la aplicación de políticas contracíclicas para fortalecer la atención de la salud, la protección social, la seguridad alimentaria y el estímulo a las empresas para que no caigan en la iliquidez y/o quiebra. 

Los niveles de endeudamiento aumentaron en la recta final de la última década y las opciones de crédito, inversión y cooperación internacional se ven hoy limitadas. Por esta razón, indicó Sánchez, los gobiernos de la región se enfrentan al doble reto de buscar acceso a crédito en las condiciones menos onerosas posibles, al mismo tiempo que  deben priorizar y optimizar las inversiones para superar las emergencias. También deben promoverse medidas para que los que acumulan más riqueza tributen en mayor proporción que el resto de la población. Para acceder a recursos monetarios externos, es insuficiente el esfuerzo aislado de cada país, se requiere más que nunca que la región asuma una voz colectiva para plantear las repercusiones de la crisis y, por ende, la necesidad de facilidades extraordinarias del sistema financiero para liberar fondos que eviten los escenarios más catastróficos.

Jeannette Sánchez dijo que la atención de la crisis debería tener como una prioridad el abastecimiento de los alimentos producidos en el país, en especial  la que proceden de las zonas rurales. Asegurar la producción local de alimentos es crucial para evitar eventuales hambrunas. Recomendó apoyar más a la economía popular y campesina,  por su mayor grado de resiliencia en momentos como el que vivimos. Sobre los planes de estímulo económico  que se aprueben en favor de las grandes empresas, la funcionaria advirtió el reto de condicionar los apoyos estatales no solo a la protección del empleo, sino también a la reducción de los impactos ambientales. “Esta es una oportunidad que debería aprovecharse para alinear la economía con el respeto a los ecosistemas”, señaló la expositora, “Esto no da para más y no se vale volver a la vieja normalidad precovid-19, urge buscar nuevas alternativas de desarrollo”, finalizó diciendo.

Más allá de las urgencias hay que repensar América Latina en tiempos poscovid-19

Alejandro Chanona destacó que hay que superar el falso dilema de inclinarse por atender de lleno la emergencia sanitaria o evitar el descalabro económico. Los dos objetivos deben estar presentes. La salida pasa por el equilibrio entre ambos y la sincronización de las respuestas. Contener en el corto plazo la cantidad de contagios y decesos es una urgencia que no puede relativizarse. En caso de que no se actúe firmemente contra la expansión de los contagios, a la larga la economía terminará viéndose más afectada. Por otra parte, llamó la atención para que se distingan los impactos particulares según países. Las condiciones históricas y coyunturales marcan diferencias que pesan a la hora del análisis comparado.

Es lamentable que en esta coyuntura los gobiernos prefieran actuar en forma separada. Más bien deberían articularse para buscar soluciones y apoyos conjuntos. La escasa profundidad de los sistemas de integración en la región queda otra vez en evidencia, expresó con preocupación Chanona. Criticó también la falta de creatividad en las respuestas a la crisis, tanto a escala global como en Latinoamérica. Prevalece la disputa entre medidas típicamente keynesianas y las de corte neoliberal. Tendríamos que aprovechar esta oportunidad para nuevas orientaciones de las políticas públicas. De lo contrario, se agravarían los riesgos de la región ante cada nueva crisis. 

El expositor señaló que más allá de la preocupación por una pronta recuperación económica,  la coyuntura también debería servir para repensar la región en tiempos pospandemia. Las emergencias que hoy se juntan retratan los errores y bases endebles de las políticas de bienestar en nuestros países. Hay que poner en cuestión los actuales patrones de extracción, producción y consumo. Hay que poner en tela de juicio la desfinanciación de servicios públicos estratégicos. Es más, la propia legitimidad de la democracia está en juego: si no se toman las mejores decisiones, las ofertas autoritarias pueden sacar provecho de esta hora. Como integrante del Grupo de Trabajo Regional que elaboró la propuesta de Transformación Social-Ecológica para América Latina, destacó seis orientaciones de cambio, esenciales para un cambio estructural de las sociedades latinoamericanas:

·         El fortalecimiento de las instituciones de un Estado democrático de derecho

·         La integración y diversificación económica con mayor inclusión, equidad de género, trabajo digno y resiliencia

·         El ajuste de los patrones de consumo para hacer compatible la satisfacción de las necesidades con la regeneración de los ecosistemas  

·         El ordenamiento territorial a partir de pactos ecosociales que reviertan su mercantilización progresiva, el extractivismo  y la segregación del espacio urbano

·         El tránsito hacia sociedades del aprendizaje, en las que la innovación social y ambiental ocupen un lugar preferente.  

·         La promoción de una cultura basada en el respeto a la diversidad, la creatividad, así como  la reversión de la apropiación privada de los bienes comunes y del conocimiento socialmente necesario para reproducir la vida digna.

Detrás de la emergencia sanitaria y económica, hay una crisis ambiental que exige atención 

En su turno, Antonina Ivanova alertó que la emergencia sanitaria y sus efectos en la actividad económica podrían agravar la desatención de los impactos ambientales. No se debe olvidar que América Latina es una de las zonas más vulnerables a la crisis climática. Si se habla de emergencia sanitaria y económica también hay que recordar que en 2019 la ONU reconoció que estamos ante una emergencia climática mundial, por los niveles de calentamiento y las tendencias que se avizoran. Se estima que por el efecto COVID-19 la emisión global de gases de efecto invernadero (GEI) se ha reducido en un 6%. Es una buena noticia, pero es un hecho accidental. No hay que engañarse y creer que esa baja alterará la tendencia observada en los últimos años. Tristemente las cosas pueden ser muy diferentes. En otras crisis provocadas por guerras mundiales, colapsos financieros, entre otros, las emisiones GEI bajaron en una proporción importante durante el tiempo crítico, pero los registros indican que una vez que pasó lo peor de la convulsión, la generación de GEI se incrementó más que en el periodo precrisis.

La experta advirtió que debido a las secuelas del COVID-19, las necesidades de financiamiento de los Estados –tanto en las economías más desarrolladas como en las emergentes-  hacen peligrar el fondeo de programas para la adaptación y la mitigación ambiental. En especial, le preocupa lo que pueda pasar con el mecanismo de los fondos verdes. Desde antes  de la aparición de la pandemia, se advirtieron retrocesos importantes en los compromisos globales por el clima, principalmente en los Estados Unidos, pero también en China y en la Unión Europea.  Por si fuera poco, la emergencia sanitaria justificó la suspensión de la COP 26 prevista para este año, y se ha programado para 2021. En la COP26 se propondría el aumento de las obligaciones de los Estados respecto al nivel de emisiones GEI, ya que la evidencia revela que los compromisos adquiridos no bastan para que el calentamiento se mantenga en el umbral de los dos grados que estipula el Acuerdo de París.

Antonina Ivanova destacó el vínculo entre patógenos como el Coronavirus y la transgresión de los ecosistemas. La pretensión de ampliar la gran fábrica mundial y el masivo flujo de personas y mercancías por toda la tierra es hoy, a todas luces, una opción insostenible. Dijo además que el calentamiento terrestre favorece la proliferación de vectores que transmiten enfermedades contagiosas graves, como el dengue, chikungunya, y el zika. Coincidió con los otros panelistas en que los movimientos sociales, la comunidad científica y la ciudadanía en general deben movilizarse para que las medidas que se tomen frente a las emergencias no conduzcan a la vieja normalidad. Es la oportunidad para abrirle paso a nuevas formas de producción, consumo y ocupación del territorio.

Mencionó que América Latina debe transitar hacia una transformación social-ecológica que recurra a los avances de la ciencia y la tecnología, al mismo tiempo que revaloriza los conocimientos ancestrales en la protección de la biodiversidad y en la generación de medios de vida más autónomos y menos dependientes a los choques externos, esos que golpean periódicamente a las economías nacionales.  Afirma que existen experiencias a lo largo y ancho de Latinoamérica que muestran iniciativas sostenibles e incluyentes para cultivar alimentos, gestionar las cuencas, aprovechar fuentes alternativas de energía, manejo comunitario de ecosistemas costeros, redes de comercio justo, entre otras. No es un problema de escasez de ideas, el problema es que falta empoderar más a los actores que promueven alternativas. 

Finalmente, Ivanova dijo que los esfuerzos locales se deben complementar con alianzas entre países para lograr que acuerdos como el de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sean debidamente cumplidos. Subrayó la importancia de fortalecer la cooperación Sur-Sur, la cooperación entre gobiernos subnacionales locales y entre organizaciones sociales para crear y difundir concepciones y prácticas menos gravosas para la vida.