Perspectiva de género para el Acuerdo de Escazú

El seminario web regional se llevó a cabo el jueves 29 de octubre, una semana antes de que el Senado de México, aprobara la ratificación del Acuerdo. Una vez que se entregue el instrumento de ratificación de Argentina y México en la ONU, se tendrán los 11 países que este tratado regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, requiere para iniciar su proceso de entrada en vigor.

El panel estuvo conformado por Aida Gamboa, Coordinadora del programa Amazonía de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) Perú; Lorena Terrazas, de Red Paz, Integración y Desarrollo en Bolivia; Alejandra Jiménez, de Alianza Mexicana contra el Fracking y CORASON; Olimpia Castillo, de Comunicación y Educación Ambiental SC de México y Norma González de Amnistía Internacional a cargo de la moderación.   

Acuerdo de Escazú, un tratado jurídico regional histórico

En su intervención, Aida Gamboa refirió el origen del Acuerdo de Escazú, enmarcado en el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que nació de la Conferencia de las Naciones Unidas de 1992. Después de un largo proceso de negociación, en 2018, se aprobó en el distrito de Escazú en Costa Rica. A la fecha 24 países lo han firmado y 11 países lo han ratificado: Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Neri, San Vicente y las Granadinas, Uruguay, Ecuador y recientemente Argentina y México, naciones pendientes de entregar su instrumento de ratificación.

Explica que Escazú está sustentado en validar los derechos de acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia, pero también sobre un cuarto pilar: garantizar los derechos humanos de las y los defensores ambientales.

Para el rubro de acceso a la información, el Acuerdo de Escazú estipula que haya mayores medidas con enfoque intercultural y de género para las diversas poblaciones vulnerables y así puedan tener mayor aproximación a estudios de impacto ambiental, procesos de negociación o licitación que lleva adelante el Estado, proyectos extractivos y políticas, programas y procesos de ordenamiento territorial.

Para el tema de participación ciudadana, promueve que esta ocurra desde el inicio de la toma de decisiones, es decir, desde los procesos de elaboración de políticas, estrategias, planes, normas y reglamentos para sumar a la ciudadanía en foros y negociaciones internacionales en materia ambiental, estrechando así la relación entre ciudadanía y Estado.

En relación al rubro de acceso a la justicia, en su artículo 8 considera brindar mayor accesibilidad a las instancias judiciales y administrativas para que las personas puedan recurrir a ellas y así prevenir y recomponer los daños al medio ambiente.

En cuanto al cuarto pilar, sobre defensores y defensoras del territorio, busca garantizar la seguridad de su entorno a través de medidas efectivas para reconocer, promover y proteger el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad de opinión, de expresión y de reunión.

Además de reforzar los tres derechos en vías de justicia ambiental, los mecanismos de participación también son un elemento innovador en el tratado, pues durante los procesos de negociación se creó un sistema regional donde organizaciones de la sociedad civil, comunidades indígenas y movimientos sociales aportaron su voz para fortalecer este  procedimiento incluso reconocido a nivel internacional.

Gamboa también precisa que Escazú es un tratado enmarcado en el contexto regional que se enfrenta a diferentes problemáticas como la reducción de estándares ambientales y sociales, los marcos legales, la criminalización de la protesta, las constantes violaciones a los derechos humanos y el hostigamiento contra las y los defensores de la naturaleza.

Además de incorporar disposiciones para adecuar las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género de las comunidades defensoras de los territorios, también  busca reforzar los procesos de fiscalización ambiental y promover la valorización del conocimiento local, el diálogo y la interacción de las diferentes visiones y saberes.

La especialista destaca que el Acuerdo de Escazú impulsará estrategias de restauración al estado previo de los daños ambientales, compensaciones o pago de sanciones económicas y una serie de medidas de sistematización y difusión de las decisiones judiciales administrativas.

Para los procesos de recuperación post pandemia, Escazú también tiene cabida al proponer un sistema de alerta temprana ante amenazas a la salud pública o inminente al medio ambiente. Además de los mecanismos de socialización de información actualizada, expedida en otros idiomas, incluyendo lenguas indígenas, “lo cual será muy importante para afrontar el avance de la pandemia en territorios indígenas”, afirma.

Sobre la oposición existente para su entrada en vigor, señala que la iniciativa privada y algunos sectores políticos están en contra de la ratificación, por afectación a sus intereses, destacando el caso de Perú donde se han implementado campañas que argumentan afectaciones a la soberanía o la pérdida del territorio nacional o de la Amazonía, ecosistema donde han ocurrido 16 derrames de petróleo en los últimos seis años, “felizmente estas afirmaciones han sido desmentidas, el Acuerdo de Escazú más bien propone en su artículo 3 el reconocimiento de la soberanía de los Estados sobre los recursos naturales”.

Escazú: una bandera de lucha con la democracia ambiental como escudo

Lorena Terrazas, de Red Paz, Integración y Desarrollo en Bolivia, considera que Escazú es una bandera de lucha que aborda la crisis económica, ambiental, sanitaria y de representación del Estado, a partir de la democracia ambiental, un concepto basado en la participación significativa que busca garantizar los intereses de los y las ciudadanas en decisiones sobre tierras, recursos naturales o bienes comunes.

Precisa que es importante hablar de calidad de participación y la incorporación de opiniones hasta finalizar los procesos de consulta a partir del derecho a solicitar la ejecución de leyes, normativas y políticas públicas que compensen y dialoguen sobre los daños ambientales, pues aunque existe una amplia normativa internacional, con un avance considerable en el respeto a los derechos,  la relevancia del Acuerdo de Escazú aplica no sólo para los pilares citados previamente, sino para la protección medioambiental, la lucha contra el cambio climático y la reducción de conflictos sociales.  

Para hacer válida la justicia ambiental, hay países que no cuentan con normativas específicas de acceso a la información o bien presentan sistemas incompletos, como en el caso de Bolivia donde si bien existen tribunales agro ambientales de reciente creación, requieren mayor especialización en cuanto a la administración de justicia para poder implementar decisiones y “crear no solo jurisprudencia, sino también respeto a estos derechos adquiridos”, acota.

¿En qué momento proteger el medio ambiente se volvió peligroso?

Sobre la preocupante situación de protección a defensores ambientales en América Latina reflexiona que además de fortalecer los mecanismos de protección, el sentido de gobernanza implícito en Escazú, ayudaría a eliminar las barreras que restringen los derechos y a recuperar la confianza perdida en la relación de ciudadanía, Estado, empresas y otros actores, para así fomentar conexiones orientadas a erradicar el miedo a la participación.
—¿En qué momento la protección del medio ambiente se vuelve confrontacional y llegamos a perder vidas?— cuestiona.

Frente a un Estado que a “arrasa con las decisiones y lo da a conocer cuando salen en alguna Gaceta o cuando hay alguna política pública que está aprobada” los derechos del acceso a la justicia en temas ambientales mejorarían las posibilidades de discusión, entre las personas y organizaciones, pues la ausencia de datos y mecanismos de transparencia “hace que estemos como caminando a ciegas”.

Terrazas también explica que Escazú fomenta derechos llave que permiten la apertura hacia otros derechos humanos, como el derecho a gozar de un medio ambiente sano, equilibrado, el derecho para la vida y la salud.

Sobre los movimientos feministas, académicos y de comunidades locales, indígenas y campesinas,  precisa que la participación de las mujeres debe ser promovida y respetada, a través de un diálogo progresivo, abierto y “que empodere a nuestras compañeras en toda la lucha, pues hay una correlación directa entre la calidad de vida de las mujeres que se ve afectada por la calidad ambiental, ya sea por el acceso al agua, acceso a las tierra o a otros recursos”.

La defensa de los territorios: una lucha encabezada por mujeres

Alejandra Jiménez, de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en defensa del territorio y la vida en las Huastecas y el Totonacapan, y la Alianza Mexicana contra el Fracking, recuerda que los derechos humanos han implicado un ejercicio de lucha constante “de poner el cuerpo para arrancárselos al poder”.

Citando el ejemplo de Berta Cáceres, defensora ambiental hondureña asesinada por su oposición a un proyecto hidroeléctrico “vivimos en una sociedad increíblemente patriarcal, las mujeres tenemos que enfrentar circunstancias de mucho riesgo, además de campañas machistas y misóginas. Y quién más que Berta Cáceres, quien nos muestra el ejemplo claro del riesgo en el que viven las mujeres que defienden los territorios”, detalla.

Profundiza en que las desigualdades socioambientales en América Latina son resultado de una historia colonial en donde las mujeres han sido despojadas de la tierra, afectadas por la división del trabajo, marginadas de la toma de decisiones y del acceso a recursos, por un Estado que ha permitido la entrada de políticas neoliberales, neoextractivistas y de violencia estructural que pone en riesgo el avance en derechos obtenidos desde el feminismo.

Y es justo la reflexión feminista y ecofeminista la que permite reconocer que la violencia ejercida hacia las mujeres es muy similar a la violencia hacia la naturaleza, pues desde la dinámica económica y política del capitalismo, los territorios están impregnados de violencias sociales, políticas y culturales.

Precisa que ratificar Escazú, implica llevar a la práctica principios de igualdad, no discriminación, transparencia, rendición de cuentas, así como los principios preventivo, precautorio y la equidad intergeneracional.

Sobre las dinámicas de protección de intereses privados, destaca que entre 2006 y 2018 se registraron en México cerca de 800 conflictos socioambientales generados por diferentes proyectos extractivos, mismos que han derivado en criminalización y violencia constante hacia defensores del territorio.

A pesar de que en México existe un marco de acceso a la información y transparencia, no hay garantía de acceso a ella; por su parte las mujeres realizan menos solicitudes de acceso a la información, actualmente alrededor de 40 % son realizadas por mujeres. Sobre la defensa de los territorios, esta es una lucha que suelen encabezar las mujeres pues son ellas quienes ponen la vida en el centro, cuestión que resulta ajena a los gobiernos e instituciones internacionales por su concepto de desarrollo.

“Las mujeres que estamos en la defensa de los territorios tenemos en claro que lo que importa es el agua, que lo que importa es el monte, que lo que importa es la tierra, que lo que importa es la vida en todas las formas de que está sucediendo en nuestros territorios”, puntualiza.

Concluye que Escazú es una herramienta jurídica que propiciará la protección del medio ambiente en un contexto donde la emergencia climática conmina a cuestionar el papel de los seres humanos para garantizar la existencia de la humanidad y la vida en este planeta.

Solidaridad, justicia y democracia socioambiental: lazos que estrechan vínculos en la región

Olimpia Castillo de la Organización Comunicación Educación Ambiental, invita a reflexionar sobre la invisibilidad que han tenido las mujeres en cuanto a su participación activa en momentos históricos, pues basta revisar alguna línea del tiempo de la historia universal para constatar que los protagonistas son los hombres. En el caso particular de México, aunque también se mantuvieron activas, las mujeres quedaron opacadas durante de la Revolución Mexicana por figuras como Pancho Villa o Emiliano Zapata. 

En ese contexto se pregunta cómo hacer para que el acceso a la información se direccione hacia las mujeres pues aún prevalecen brechas de desigualdad incluso perceptibles desde las mismas solicitudes de acceso a la información, pues la manera más accesible de realizarlas es a través de una computadora, pero en la realidad latinoamericana las mujeres rurales y urbanas no necesariamente cuentan con una computadora o los conocimientos técnicos para completarlas.

Cuando hablamos de la participación pública en la toma de decisiones ambientales, una visión optimista afirma que los Estados deben garantizar acceso a la participación de todas las personas, incluyendo mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad, sin embargo en procesos de asambleas, reuniones o procesos de toma de decisión —¿cuántas mujeres estuvieron presentes?, a las que estuvieron presentes ¿se les permitió hablar? ¿qué de lo que dijeron fue tomado en cuenta el proyecto, el programa o actividad? —, cuestiona.

Sobre las tareas de cuidado, las mujeres tienen mayor responsabilidad de realizar labores en el hogar, desde proveer agua hasta cultivar alimentos en sus huertos, Después de llevarlas a cabo, la defensa del territorio todavía exige tiempo extra: “el compañero se levanta y va a hacer el trabajo de vigilancia. La compañera se levanta, atiende a su hijo, lo alista para llevarlo a la escuela, o tiene que buscar quién lo cuida, prepara la comida, cumple con la actividad de vigilancia y tiene que regresar a terminar con las labores de su casa”.

Otro factor que influye para la construcción de perspectiva de género en el Acuerdo de Escazú es que las mujeres no son titulares de la propiedad de la tierra, y por ende reducen sus oportunidades de participación. Para ello, cuando las mujeres están inconformes con un proyecto o actividad extractivista que impacta en sus comunidades, deben existir procesos de inconformidad para poder presentar una denuncia, una demanda y expresar su interés por el daño ambiental.

Resalta también la condición doble de vulnerabilidad que experimentan las mujeres e incluso sus familias al ser criminalizadas desde dentro y fuera de sus propias comunidades por ser defensoras de su territorio, complicando aún más su situación desde la obstaculización de espacios educativos o de fortalecimiento de capacidades, factor que encuentra una alternativa en el artículo 10 del tratado.

Finalmente apunta que los esfuerzos que dieron formar a Escazú versan en fomentar una nueva mentalidad incluyente, “somos un solo gremio, hombres, mujeres, la humanidad en conjunto estamos construyendo una nueva relación del ser humano con la naturaleza para garantizar condiciones de vida para las generaciones presentes y futuras”, suscribe.

Las panelistas y moderadora coincidieron en que el Acuerdo de Escazú, además de ser una herramienta jurídica, también es un movimiento regional impulsado desde la base de la ciudadanía que resultará fundamental para su aplicación, más aún dentro del contexto latinoamericano donde la organización y movilización colectiva están impulsando cambios como la nueva constitución en Chile o las protestas contra las medidas de ajuste en Ecuador.

Rescatan también que América Latina y el Caribe ofrece un espacio de solidaridad en donde se experimentan distintas resistencias, como la que llevan los pueblos indígenas al enfrentar los efectos más violentos de los proyectos extractivos, los movimientos de jóvenes que alzan su voz mediante la comunicación digital y los grupos feministas que brindan ese reconocimiento interseccional hacia sectores más sensibles y vulnerables.

Por último, apuntaron a ubicar que si bien el cumplimiento de cada uno de los artículos del acuerdo se encuentra a cargo de un comité, este se instalará cuando se lleve a cabo la primera conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú.

Dado el contexto mundial agravado por la crisis de COVID-19, los tiempos presentan algunos atrasos; sin embargo, con la reciente aprobación del Senado para la ratificación de México, se alcanzará el total de las firmas requeridas para su entrada en vigor cuando Argentina y México entreguen sus instrumentos en la ONU, con lo cual se incorpora un gramo más de certeza para avanzar en la validación de justicia y democracia socioambiental en la región.